El asesinato de tres presos pandilleros dentro de una cárcel de El Salvador ha vuelto a sacar a la luz el problema del hacinamiento en los presidios de este país centroamericano.
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"Es una barbaridad", ha declarado a Radio Nederland Gerardo Alegría, procurador adjunto de derechos civiles en El Salvador, "desde el punto de vista nuestro, la solución para este tipo de situaciones es revisar toda la política criminal, que lo que hace es generar más y más detenidos". Alegría añadió, además, que la constitución nacional exige que "el sistema penitenciario sea un instrumento de readaptación de delincuentes", algo que actualmente no se produce.
Faltan medidas preventivas
Según la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, "el énfasis del gobierno no es precisamente la prevención. Más bien es destacar su brazo fuerte, su sistema represivo, con la policía, con los jueces especiales que se han creado, para mandar a todas las personas que se consideran criminales al interior de las cárceles", en lugar de crear programas dedicados a los jóvenes en situación de riesgo. Estos programas, si existen, son pocos, débiles y, como se ha podido comprobar, insuficientes.
Otra consecuencia del hacinamiento carcelario es el incumplimiento de los beneficios que la ley penitenciaria establece para los presos, de manera que estos puedan reducir su condena o conseguir la libertad condicional mediante trabajos penitenciarios o educación, entre otras actividades. Esta situación es especialmente grave en el caso de los presos sospechosos de ser miembros de una pandilla, quienes, además de serles denegado cualquier tipo de beneficios penitenciarios, en muchas ocasiones ni siquiera han recibido un juicio.
Ambiente de impunidad
En relación con el reciente asesinato de tres pandilleros en el interior de un centro penitenciario, Gerardo Alegría denunció que "en muy pocos de estos casos, por no decir ninguno, al final sale a la luz quiénes son los responsables de asesinar o de mandar asesinar estas personas en el interior de las cárceles". Esta situación genera una impunidad que también pone en peligro tanto al resto de los reclusos como al personal trabajador del penal.
"Las cárceles realmente están controladas por los presos que se encuentran ahí y no por las autoridades. Esto está desbordado y constituye una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar, con las consecuencias que ya hemos visto en otras ocasiones", advirtió el procurador adjunto de derechos civiles de El Salvador.
Etiqueta: cárceles, El Salvador, hacinamiento, Procuraduría de Derechos Humanos