Inmediatamente después de que una juez norteamericana declarara anticonstitucional el programa nacional de escuchas telefónicas, el Gobierno norteamericano presentó recurso contra el veredicto. El presidente Bush autorizó personalmente este controvertido programa de la Agencia de Seguridad Nacional.
A su juicio, no se trata de las escuchas telefónicas en sí, pues en general se considera que esta medida es aceptable en el marco de la lucha antiterrorista, siempre que se observen las pautas establecidas hace casi 30 años por el Congreso. A tal respecto, existe un tribunal secreto, creado explícitamente con tal fin, encargado de autorizar las escuchas, lo cual sucede en la gran mayoría de los casos.
Sin embargo, el presidente Bush prefirió hace caso omiso tanto del Congreso como del citado tribunal especial y, según la juez Taylor, con ello el mandatario transgredió más de una cláusula constitucional. Por su parte, ayer tarde, durante una improvisada rueda de prensa, el ministro norteamericano de Justicia, Alberto González, se apresuró a enfatizar la importancia que el programa de escuchas telefónicas posee para la seguridad nacional.
Si bien el juez ordenó la interrupción inmediata del programa de escuchas de la Agencia de Seguridad Nacional, puesto que el Ministerio de Justicia presentó inmediatamente recurso, el efecto del veredicto queda aplazado mientras el juicio esté en marcha, lo cual puede incluso llegar hasta la Corte Suprema, en Washington.
El tema posee ante todo un carácter político, particularmente en los últimos meses previos a las elecciones para el Congreso, el próximo noviembre. Los copartidarios del presidente Bush opinan que el fallo demuestra la poca comprensión de una magistrada demasiado liberal, nombrada por el demócrata Jimmy Carter. Por su parte, los demócratas interpretan el veredicto como la prueba de que, bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo, el presidente Bush se ha atribuido demasiado poder gubernamental.
Sea como sea, tras la sentencia, a comienzos del verano, de la Corte Suprema, sobre los derechos de los detenidos en Guantánamo, se trata de la segunda vez en un breve lapso de tiempo, que el presidente Bush sufre un serio revés ante el poder judicial.
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