Con motivo del diferendo que enfrenta a Ecuador y Colombia sobre las fumigaciones aéreas, los gobiernos de ambos países han emitido un boletín oficial con el fin de clarificar sus posiciones al respecto. En el texto, Ecuador especifica las razones de su decisión de presentar una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y Colombia, por su parte, el rechazo a esa demanda. Debido a la trascendencia de esta medida reproducimos aquí ambos documentos.
Comunicado oficial del Gobierno de Ecuador
El daño que las aspersiones aéreas han provocado en la salud de los habitantes, ecosistemas y en la biota de la zona, constituyen hechos confirmados no solo por el dramático testimonio de los habitantes de los dos lados de la frontera, sino también por el Reporte Final de la Comisión Científica Ecuatoriana, emitido en abril de 2007. En la misma línea se han pronunciado decenas de informes científicos elaborados por investigadores nacionales y extranjeros de reconocido prestigio, además de los Relatores Especiales del Derecho a la Salud y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió en misión al Ecuador en mayo de 2007 y en diciembre de 2006, respectivamente. Los Relatores Especiales de la ONU observaron el riesgo que las aspersiones significaban para las poblaciones indígenas y proclamaron además la responsabilidad colombiana en el campo de los derechos humanos, por lo que exhortaron a ese país a poner en práctica el "Principio de Precaución" y a cesar las aspersiones, además de haberle asignado la carga de la prueba respecto a la inocuidad del glifosato.
Las aspersiones aéreas practicadas por Colombia utilizan un paquete herbicida de amplio espectro que mata indiscriminadamente cultivos lícitos e ilícitos, y genera además efectos nocivos tanto en los seres humanos como en los animales. La fórmula utilizada ha sido catalogada por Colombia como secreto de seguridad nacional. Los efectos negativos en personas, bienes y ambiente natural constituyen a las aspersiones en un hecho contrario al Derecho Internacional, al Humanitario, al Derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación y al Derecho a gozar de un medio ambiente sano. Los agentes aspergeados llegan a territorio ecuatoriano por efecto de la deriva del viento o transportados por el agua. Dichos agentes son pulverizados en gotas microscópicas en el aire y transportadas por el viento a decenas de kilómetros. Las avionetas que intervienen en la operación vuelan a alturas superiores al centenar de metros sobre la vegetación.
El Ecuador declaró desde años atrás su inconformidad con la práctica de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersiones, y señaló a la erradicación manual como método más apropiado para combatir cultivos ilícitos en las zonas colindantes con su territorio. En un primer momento, Ecuador buscó llegar a un acuerdo con Colombia para enmarcar el sistema de aspersiones aéreas en parámetros de buenas prácticas, que pudieran neutralizar o al menos minimizar los efectos perjudiciales. En julio de 2001, Ecuador exigió la inmediata y definitiva suspensión de las aspersiones aéreas en una franja de seguridad de 10 kilómetros adyacente a la frontera.
No se ha escatimado esfuerzo en el plano oficial ni en el plano oficioso, para arribar a un acuerdo. Tras 8 años de diálogos inútiles en el ámbito diplomático y en el científico, el Gobierno Nacional ha decidido formalizar la demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que ese alto tribunal le imponga la suspensión definitiva de las aspersiones aéreas en los territorios cercanos al cordón fronterizo, y ordene a Colombia atender las correspondientes indemnizaciones por los daños causados.
La sentencia que el Ecuador busca obtener de la Corte, protegería la integridad de sus fronteras en concordancia con el Derecho Internacional, salvaguardaría a los ecuatorianos que viven en el área fronteriza contra más daños causados por las aspersiones aéreas de Colombia y preservaría el delicado y biológicamente diverso ecosistema de la región, todo sin afectar los esfuerzos de Colombia por resolver el problema de la diseminación de los cultivos de coca y otras plantaciones ilegales en su propio territorio. Ecuador confía en que la Corte aceptará sus reclamos.
Quito, 31 de marzo de 2008. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Comunicado oficial del Gobierno de Colombia
2. Las FARC han sido los principales agentes promotores de cultivos ilícitos en el territorio colombiano y quienes manipulan a la población a protestar por cualquier iniciativa para erradicar dichos cultivos. Desde el 2004 tenemos documentados 40 casos en que las FARC han atacado a la Fuerza Pública desde territorio ecuatoriano, hechos en los que han muerto 26 personas, entre soldados y policías. Otras 18 han resultado heridas y un soldado fue secuestrado.
3. Colombia aceptó, no obstante la gravedad de la presencia de cultivos ilícitos en la frontera, que no se utilizaría la aspersión aérea en una franja de 10 kilómetros en territorio colombiano, y en su lugar adelantar programas de erradicación manual, con los riesgos de vidas humanas que ello implicaba.
4. En reunión sostenida por los presidentes Álvaro Uribe y Rafael Correa, el 14 de enero pasado, durante la posesión del Presidente Álvaro Colom de Guatemala, el Presidente Uribe ratificó la oferta de indemnizar, de acuerdo con la ley colombiana, a los ciudadanos ecuatorianos que hubieren sufrido algún perjuicio por causa de la aspersión aérea. A pesar de ello, las autoridades del Ecuador nunca han presentado alguna solicitud concreta con respecto a daños contra su población.
5. El Presidente Rafael Correa exigió, en esa ocasión, un compromiso escrito de no fumigar nunca más en una franja de 10 kilómetros de ancho en territorio colombiano, para desistir de la demanda contra nuestro país. A este respecto, el Presidente Uribe expresó su intención de intensificar programas de erradicación manual en la zona, pero estimó inadecuado adquirir el compromiso de la suspensión de la aspersión aérea sin límite en el tiempo, especialmente por los riesgos y costos en materia de seguridad y de vidas humanas, que han significado los programas de erradicación manual.
6. Con base en estos argumentos, el Presidente Rafael Correa convino en implementar un acuerdo entre los dos gobiernos a través de las Cancillerías, lo cual no se realizó a pesar de la insistencia de la Cancillería colombiana.
7. Es necesario recordar que tan sólo el 14 de febrero pasado, terroristas de las FARC activaron unas minas antipersonal desde Ecuador, muriendo un suboficial y tres soldados que protegían a los erradicadores manuales que estaban en territorio colombiano.
8. Colombia siempre adelantó las aspersiones aéreas con base en los protocolos internacionales que tienen en cuenta la altura de los vuelos, la velocidad y dirección de los vientos, y el efecto deriva, entre otros aspectos, respetando plenamente la soberanía ecuatoriana sobre su territorio.
Secretaría de Prensa. Presidencia de la República.
Bogotá, 31 de marzo de 2008.
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