Hombre menor de 30 años, preferiblemente pobre, habitante de barrio marginal o zona rural de Colombia en busca de trabajo. Ese es el perfil de la mayoría de las víctimas de las macabras redes de reclutamiento forzado y ejecución extrajudicial para producir los llamados falsos positivos - montajes con supuestos guerrilleros caídos en combate -, que ayer motivaron la destitución fulminante de 25 oficiales del Ejército colombiano, incluidos tres generales de vasta trayectoria.
Sin mayor explicación, salvo referencias vagas sobre las relaciones tejidas desde las brigadas a cargo de los oficiales llamados a calificar servicios y bandas criminales, el presidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, General Fredy Padilla, notificaron la purga de 3 generales, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores, un capitán, un teniente y 6 suboficiales, y subrayaron la importancia del respeto a los derechos humanos.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", afirmó Uribe.
Caso de Jóvenes de Soacha
Por los distritos militares a los que pertenecían y las funciones que cumplían los oficiales, la destitución se relaciona con la desaparición y muerte, a comienzos de año, de 20 jóvenes de la localidad de Soacha, en el límite sur de Bogotá.
El lunes el Gobierno recibió el informe de una comisión que constituyó el 3 de octubre para indagar por qué los cadáveres de supuestos guerrilleros dados de baja en combate, exhumados en Ocaña, localidad del noreste departamento de Norte de Santander, correspondían verdaderamente a muchachos cuyas familias habían denunciado su desaparición.
En la mayoría de los casos las ejecuciones ocurrieron entre uno y ocho días después de su desaparición en la capital.
Se hallaron "serios indicios de negligencia del mando" en operaciones de inteligencia y operaciones militares e "inexcusable falta de diligencia en la investigación" de presuntos casos que "pudo haber facilitado conexión de miembros del Ejército con delincuentes externos", dijo Santos.
Legalizar muertos
Con el influjo de la política de Seguridad Democrática, hasta noviembre del 2007 las bajas de guerrilleros fueron el principal indicador de éxito de las brigadas militares, motivo de ascenso para oficiales, y hasta motivo de permisos de fin de semana.
Esteban Montes, soldado de contraguerrilla de un Batallón de infantería del departamento de Córdoba, contó a la revista Semana que en vísperas del Día de la madre del año pasado "los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultados para mostrar méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar' a alguien (...) Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo" a quien, supuestamente le encontraron un arma y una granada en las manos. Tras la denuncia el soldado Montes fue trasladado de batallón.
Víctimas en aumento
Entre enero de 2007 y junio del presente año en Colombia fueron ejecutadas extrajudicialmente a 535 personas, en hechos atribuidos a miembros del Ejército en 93,7 por ciento de los casos, de acuerdo con un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia - Europa -Estados Unidos, coalición de 1.200 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el país y tienen apoyo internacional.
Durante las dos administraciones del presidente Uribe, desde mediados del 2002 hasta diciembre de 2007, se han registrado 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, atribuibles directamente a la fuerza pública, casi el doble de las documentadas cinco años antes.
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Escuche el testimonio de *Feliciana Guerrero
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El informe fue presentado ayer durante un foro que congregó en Bogotá a familiares de los ejecutados, como Feliciana Guerrero, quien apesadumbrada relató a Radio Nederland la desaparición y muerte a manos del Ejército, de su hijo de 19 años en enero de este año: "Él era un muchacho sano, la mano derecha mía; cultivaba lulo y café hasta que un día se vino con un amigo para donde la mamá de él y al regresar para la casa, el Ejército lo cogió, lo amarró y lo mató. Lo mataron y dijeron que era guerrillero, siendo que él era sano", relató mientras sostenía en brazos a su hijo menor. "Para mi ha sido difícil el caso judicial porque soy de bajos recursos y quedé con cinco hijos, dijo Feliciana al pedir justicia de la de aquí y de la divina, "porque imposible que maten a un inocente como era mi hijo: un muchacho sano que el Ejército dijo que era guerrillero".
Es "preocupante" que las regiones de mayor incidencia en la práctica de ejecuciones extrajudiciales, coincidan con las zonas de acción del Plan Colombia, afirma el documento, elaborado por juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
En cuanto a organismos nacionales las cifras varían, según la fuente, pero concuerdan en el aumento de casos.
La Procuraduría General de la Nación investiga actualmente a 2.300 funcionarios (desde empleados oficiales hasta soldados y policías) por 930 casos de ejecuciones extrajudiciales, en tanto la Fiscalía adelanta más de 700 investigaciones por hechos ocurridos desde el 2002, de los cuales 245 corresponderían al año pasado.
¿Qué hay detrás?
Un cúmulo de rumores, reclamos y propuestas sucedieron al anuncio presidencial de destitución de oficiales.
En el Congreso, la bancada de oposición pidió la renuencia del ministro Santos, y se anunció un debate para la próxima semana. El ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, exigió al Gobierno explicar caso por caso. ¿Cuáles son los hechos, desde cuándo venían ocurriendo, quiénes lo sabían y no hicieron nada?", preguntó al sugerir que detrás de la purga hay mucho más que la muerte de los jóvenes de Soacha.
La Alta Comisionada en ONU para Derechos Humanos, de visita en el país, recomendó al Gobierno insistir en esfuerzos para erradicar ejecuciones extrajudiciales y ordenar investigaciones a la justicia ordinaria, en tanto el embajador estadounidense se pronunció a favor de la decisión presidencial.
También hubo quienes recordaron que en el informe de Human Rights Watch, presentado hace un mes, se afirma que mientras en muchos países el problema de fondo es descubrir la verdad y garantizar la justicia, en Colombia el gran interrogante es si las instituciones se podrán librar del control de quienes han recurrido al crimen organizado y, a menudo, a terribles abusos de los derechos humanos para asegurarse el poder.
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Luz Marina,
07-11-2008
- Colombia
Perdon: Quien a hablado del holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá hace 23 años?
Alfonso Jaramillo Palacio,
06-11-2008
- Colombia
No, amigos holandeses, !NO! No muestren ponderación con esta bellaquería. Cuenten cómo su embajada está colaborando con este gobierno criminal. Cuenten que ya son 60.000 víctimas de la parapolítica, más dos mil víctimas de los "falsos positivos", más las bombas de los policías, más las torturas, más el apoyo a los paramilitares de la motosierra, más el comentario de Vivanco sobre que en Colombia en un año se da el número de víctimas que tuvo Pinochet en 17 años. Acepten que los europeos han apoyado esta masacre y ahora, se hacen los tontos.
Ricardo Ralifer,
06-11-2008
- Colombia
Una demostración de que en Colombia hay estado de derecho. Sí algunos miembros de las instituciones, tomando la tentación de derrotar a la guerrilla hicieron eso, no se merecen nada distinto a la carcel. ¿pero pregunto? ¿Cuando se habla de las miles de ejecuciones del Che Guevara luego de la revolución? ¿cuando se habla de la prohibición de salir de Cuba? ¿cuando se habla del hambre en cuba? Y no me vengan con el cuentico del bloqueo, que si los hermanos castro pueden cambiar cada 5 años de Mercedes Benz y traer semanalmente jamón y vinos españoles, pueden con ese mismo mecanismo traer comida y buses para la población. En Colombia hay una guerra sucia, una hecha por miembros desviados del estado que reciben juicio y castigo y otra de la izquierda armada, sustentada por un aparato leninista que denuncia lo real y la mentira del gobierno, pero que sospechosamente ocultan los actos del grupo terrorista más letal del planeta. ¿Donde están las denuncias contra el secuestro de décadas de las farc, las despariciones de personas, el reclutamiento y secuestro de niños, la destruacción de poblaciónes con morteros artesanales? Una verdad a medias sobre colombia es simplemente una parte de una guerra política que es tan sucia como los hechos que se están corrigiendo en Colombia.
Luz Marina,
03-11-2008
- Colombia
Como dicen varias personas eso se viene presentando desde hace muchos años, lo que pasa es que el único que ha destapado tantas cosas ocultas en Colombia a sido el presidente Uribe. Desafortunadamente llevamos muchos años en esta maldita guerra contra el narcotrafico y el terrorismo. Ojala todo se aclare y se vayan todos estos militares y policias para la cárcel por muchos años. Esto deja muy mal parado a Colombia pero es otro destape de corrupsión que existía desde hace bastante.
Vladimir Maiguel,
31-10-2008
- Colombia
Hace años muchos colombianos venimos denunciando esta situación, lo que pasa es que nunca se le dio credibilidad a las denuncias, eso no solamente ha sucedido en este gobierno, Colombia tiene un largo historial de falsos positivos, entonces no se por qué ahora tanto escandalo si esa situacion ha sido una politica de la derecha de este país que se ha aliado con el diablo para no permitir que la oposición o los que piensan diferente a ellos lleguen al poder, revisemos la historia de lo que sucedió con la Unión Patriótica.
José,
31-10-2008
- Colombia
Es una verdadera lastima que se presenten estos actos de corrupcion dentro de las fuerzas armadas Colombianas, que son las llamadas a proteger al pueblo Colombiano, de los grupos insurgentes, la farc y los paramillitares.
No tienen necesidad de llevar a cabo estos actos ilicitos, ya que en muchas ocasiones han tenido éxito en muchas operaciones de rescate y de la lucha contra el narcotrafico. Además que deben respaldar a su jefe máximo, el Presidente de la República
jurgen,
31-10-2008
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El ministro de defensa Juan Manuel Santos, de la familia de El Tiempo, el diario que apoya a Uribe, debe renunciar. Bajo Uribe la población civil es la culpable y esa idea la han propagado entre las fuerzas armadas, con estos falsos positivos que se habína denunciado tiempo atrás. Los informes recientes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional corroboran esta atrocidades.
Antonio,
30-10-2008
- Colombia
Acosado, aislado en Suramerica y sin su fundamental aliado el barbaro Bush, el presidente Uribe toma el camino de Pilatos, poniendo al descubierto uno de los multiples sistemas que la oligarquia aplica para mantener su dominio bajo el imperio del terror. Los militares plenamente comprometidos en un genocidio continuado de más de 2.000 jóvenes durante los últimos seis años. Mientras la barbarie se profundiza en Colombia, las cortes Europeas se han dedicado a deleitarse ultimanente con la mal montada TRAGEDIA a cargo de la precandidata presidencial INGRID BETANCOUR, que contiene como acto principal LAS LAGRIMAS DE COCODRILO, que han puesto a llorar a la mayoria del Parlamento Europeo y a la Realeza Española. Decimos lagrimas de cocodrilo porque a Ingrid Betancour sólo le duelen los secuestrados que tiene la genocida guerrilla de las Farc y ella no menciona para nadad los genocidios cometidos por los paramilitares y mucho menos podemos esperar que Ingrid llore por los jovenes masacrados directamente por el Ejercito Colombiano. Vale la pena recordarle a la precandidata Ingrid Betancour, que el genocidio emprendido por la Oligarquia Colombiana contra el pueblo ya ha cobrado más de 200.000 personas desde el año de 1.948. Espero que esta cifra haga pensar a Ingrid para que cambie el formato de su tragedia a no ser que este engañando a las cortes Europeas y lo que esta poniendo en práctica es la lección Uribista, en el sentido de capitalizar el repudio del pueblo Colombiano hacia las Farc, para obtener beneficios políticos, que le aseguren la presidencia y poder darle continuidad al régimen genocida colombiano
