No son cualquier ex general ni cualquier ex ministro los que la fiscalía colombiana y la policía judicial venezolana han detenido los últimos días. Se trata del general Rito Alejo Del Río, acusado de crímenes de lesa humanidad, ex comandante de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, Antioquia, por la misma época en que el presidente Álvaro Uribe era gobernador; y del ex ministro de Agricultura, Álvaro Araújo, investigado por secuestro y concierto para delinquir, padre de una ex canciller y de un senador de la bancada oficialista, también detenido.
Las detenciones
Marino López,
asesinado en la
Operación Génesis
Las dos capturas ocurrieron el jueves 4 de septiembre. La del general, en el Club Militar de esta capital, apenas pasado un almuerzo familiar, días después de que la Procuraduría solicitara reabrir un expediente que data de 2001. Pero la detención obedeció a otro caso: el homicidio del campesino Marino López, de la región de Cacarica, en Chocó, tras la Operación Génesis contraguerrilla que él ordenó en 1997. Bombardeos del Ejército abrieron paso a comandos paramilitares que tomaron la comunidad de Bijao, mutilaron a machete y decapitaron al labriego, con cuya cabeza jugaron fútbol en presencia de los vecinos. "Se trató de una operación conjunta" con la Brigada XVII, según declaró recientemente el desmovilizado comandante paramilitar alias El Alemán.
En cuanto a la detención del ex ministro y político, prófugo desde marzo de 2007, ocurrió por la noche, en un retén de la policía judicial venezolana en el estado Zulia. Después de que se cotejara con INTERPOL que portaba identificación falsa, fue trasladado a Caracas donde está detenido. Ramón Rodríguez Chacín, ministro venezolano de Interior y Justicia dijo que averigua "sobre posibles delitos" de Álvaro Araújo en ese país.
Voluminoso prontuario
Contra el general Del Río, cocido como ‘el pacificador de Urabá', cursa un voluminoso prontuario del que también se ocupan la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Testimonios de comandantes paramilitares desmovilizados, subalternos suyos, informantes del ejército y víctimas lo señalan como estratega, instigador o cómplice de torturas, desapariciones forzadas, masacres y desplazamiento, y apoyo a tráfico de armas para los ejércitos privados de ultraderecha y sus organizaciones.
Relaciones peligrosas
En 1999, cuando el ex presidente Andrés Pastrana (1998/2002) retiró del ejército a Del Río y Estados Unidos le canceló el visado de ingreso, un grupo de notables le organizó un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el que Álvaro Uribe fue orador central. "Despedir a un general por solicitud de la guerrilla es traspasar a la insurgencia esta prerrogativa presidencial", afirmó entonces. El año pasado, interpelado por ese hecho, el Presidente dijo a RCN radio: "Sí, yo fui a ese homenaje (...) y siquiera lo hicimos. Iban a echar 13 generales de la República (...), en la Gobernación de Antioquia, lo que hice fue apoyar a la Fuerza Pública y a la Justicia".
No se puede interpretar la solidaridad de Uribe con el general Del Río "como solidaridad con los crímenes de los que se acusa" al militar, ni "cierto grado de tolerancia o anuencia filosófica, que puede ser discutible, convierte al Presidente en paramilitar o en cómplice de paramilitares", escribió este domingo el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, en el diario El Tiempo.
Desenredando el ovillo
Iván Cepeda, portavoz de la asociación de Víctimas de Crímenes de Estado dice que a la detención de Del Río podría ser el preámbulo de la "investigación de muchos de los generales y oficiales que han contribuido a cohonestar el paramilitarismo en Colombia". Incluso, afirma, podría dar paso a la apertura de expedientes a empresarios y notables que financiaron y encubrieron los crímenes.
Radio Nederland.- ¿Qué significa la reapertura de la investigación contra el general Del Río?
Iván Cepeda.- Primero, se trata de una de las personas que ha contribuido de una manera más significativa al incremento del paramilitarismo en una zona en la que a fines de la década de 1990, se cometieron miles de crímenes, asesinatos, desapariciones forzadas, masacres, y desplazamientos de poblaciones enteras. El general Del Río, a través de múltiples fuentes ha sido señalado como uno de los estrategas de la incursión paramilitar en la zona del Urabá y en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
En segundo lugar, esta investigación puede significar un escándalo, guardadas proporciones, de la misma dimensión que la de la ‘parapolítica'. Se está ante la investigación de muchos de los generales y oficiales que han contribuido a cohonestar el paramilitarismo en Colombia. Por último, implica una interpelación al actual Presidente de la República, quien a lo largo de la carrera militar del general Del Río en Antioquia y posteriormente, cuando fue destituido del ejército, se convirtió en uno de sus más fieles seguidores, le rindió homenajes en múltiples escenarios, y lo vinculó directamente a labores de asesoría en materia de seguridad (en el DAS policía de inteligencia) en su primer mandato (2002/06).
RN.- ¿En la nueva situación del general Del Río qué importancia han tenido las versiones libres de los jefes paramilitares, algunos ya extraditados a Estados Unidos?
IC.- En primer término la declaración de Salvatore Mancuso en la que aparece señalado como uno de los planificadores de la estrategia paramilitar en el norte del país, su participación en varias reuniones en las cuales el general Del Río diseñó conjuntamente con los paramilitares la incursión y control de territorios en Antioquia y Córdoba; luego, la declaración del Ever Velosa, alias HH, en la que señala que el general Del Río ordenaba a sus hombres patrullar conjuntamente con los paramilitares y que en una ocasión le permitió sustraer de la brigada a dos personas que estaban detenidas por supuestos cargos de terrorismo. Además, existen testimonios, pruebas y declaraciones de sus propios subordinados, segundos al mando de la brigada XVII; soldados, e informantes del ejército ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.
RN.- ¿Qué incidencia pudo tener en la reapertura del caso del general Del Río la reciente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿Influyó el llamado del veedor de Naciones Unidas sobre la independencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial?
IC.- Para el Fiscal Luis Moreno Ocampo, de la Corte Penal Internacional es muy clara la situación con el general Del Río. Las organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos nos hemos encargado de documentar este caso especialmente. Hemos llamado la atención de la CPI sobre la situación de impunidad y de sus dos visitas al país le hemos manifestado el interés de que ejerza especial observación sobre la evolución de este proceso. Pensamos que esos llamamientos han tenido algún eco. En la más reciente visita, Moreno dejó un claro mensaje a las autoridades colombianas con relación a altos mandos militares, y en particular al general Del Río. Ahora, en cuanto a la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, está más ligada al peligro que se cierne contra la Justicia en Colombia, por los ataques del Presidente (Álvaro) Uribe y del gobierno en general contra los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema; es una indicación de que para la comunidad internacional esta situación no pasa inadvertida.
RN.-¿El contrapunteo permanente entre los poderes Ejecutivo y Judicial afectará el esclarecimiento del caso del general Del Río y de otros que le podrían suceder?
IC.- Ha venido avanzando un proceso de justicia y esclarecimiento y se está llegando a un punto muy interesante: se comienza a tocar no solamente a los políticos y a los propios jefes paramilitares sino también a los generales. Eventualmente los empresarios también pueden ser incluidos en estas investigaciones. Por supuesto también hay graves peligros y obstáculos que se erigen en este proceso, como el intento de amedrentar a los magistrados, librar una guerra sucia en torno ellos, hacer montajes, desprestigiarlos nacional e internacionalmente. El otro riesgo es la extradición de los jefes paramilitares y el debilitamiento de las investigaciones de la parapolítica en la Fiscalía General de la Nación.
RN.- ¿Y el papel de las organizaciones de víctimas?
IC.- En superar esos obstáculos va a jugar mucho la movilización ciudadana, de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, de determinados sectores políticos y medios de comunicación. También incidirá la influencia de organismos internacionales como la CPI, la ONU, y los gobiernos europeos y de Estados Unidos y Canadá que pueden ser actores importantes en el desenvolvimiento de toda esta situación de lucha por la verdad y la justicia en Colombia.
La punta del ovillo
"El caso del Urabá tiene muchos cerrojos por abrir; implicaciones muy fuertes y el país tiene que estar preparado", advirtió Gloria Cuatas, ex alcaldesa de Apartadó por la misma época en que Del Río era comandante. Ella anunció que documentará a la Fiscalía más de 300 violaciones de los derechos humanos cometidos por los paramilitares.
Hay signos de que se empezó a halar la punta del ovillo de nexos entre brigadas castrenses y comandos de ultraderecha que marcaron la transición del siglo XX al actual: la semana pasada fueron detenidos cuatro militares, dos de ellos oficiales, implicados en una masacre de 11 campesinos, ocurrida en 2005 en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en la región bananera de Urabá.
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Etiqueta: Antioquia, Marino López, matanza, Rito Alejo Del Río, Álvaro Araújo