Los niveles de violencia y el número de homicidios en el Congo y Colombia son muy similares. Entre el 2002 y el 2004, en uno y otro lado se registraron unos 5.000 muertos por el conflicto interno. En ambos países puso su ojo certero la Corte Penal Internacional, CPI, y llegó a acuerdos de cooperación con sus respectivos gobiernos y abrió oficina permanente en Kinshasa, pero no en Bogotá. "Aquí hay policías que investigan, y jueces y fiscales que actúan", afirmó a Radio Nederland el Fiscal del mundo, Luis Moreno Ocampo, quien, sin embargo, lanzó una tajante advertencia: "Si la justicia colombiana no actúa, yo lo haré".
Su recurrente alerta de que no basta con enjuiciar a los ejecutores de masacres y otros crímenes de lesa humanidad, como torturas y violaciones, sino que se debe hallar a los "responsables mayores", debió suscitar nerviosismo entre los aliados encubiertos de los paramilitares. Éstos, como ha dicho uno de sus jefes, Salvatore Mancuso, están infiltrados en todos los sectores y poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
En primera fila
Y como si asistiera en primera fila a una puesta en escena de la realidad colombiana, signada por el escándalo de la parapolítica, Moreno presenció mutuos señalamientos del presidente Álvaro Uribe y el magistrado Francisco Ricaurte, presidente de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario tacha al jurista de "manipular testigos", y éste al gobernante, de fraguar complots en alianza con paramilitares. Así mismo, fue testigo de la destitución del fiscal regional de Antioquia, hermano del ministro de Interior y Justicia, y del comandante de Policía de ese departamento, por vínculos con el poderoso capo narcotraficante alias Don Mario. Y como si fuera poco, el representante de la CPI vio cómo el dedo acusador del Gobierno apuntaba a senadores de la oposición, periodistas y magistrados investigadores.
En el epílogo de su visita, después de un almuerzo con el presidente Uribe, el canciller Jaime Bermúdez, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, Moreno afirmó que "el Presidente mostró absoluta intención de asegurar el máximo respeto e independencia con el poder judicial".
Esperanza
Las palabras de Moreno también debieron dejar una estela de esperanza entre las víctimas y sus organizaciones que lo oyeron afirmar, una y otra vez, que él en persona garantiza que "no habrá impunidad".
Nos quedó totalmente claro "que si generamos impunidad, la Corte Penal en todo su derecho va a intervenir", dijo a Radio Nederland el Fiscal General Mario Iguarán. El jurisconsulto se mostró optimista porque la participación activa de Moreno Ocampo, y del Juez español Baltasar Garzón, en el seminario de reflexión sobre "actuaciones judiciales en Colombia a la luz de los estándares internacionales", abre el camino a prontas sentencias en los juicios a los jefes de las Autodefensas que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y rindieron versión libre.
Ya no será necesario conocer toda la verdad, sino que podrán cerrarse casos sobre imputaciones parciales, explicó Iguarán. Además, manifestó su confianza en que los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos operen, pues el Gobierno extraditó recientemente a ese país a los 13 jefes paramilitares más emblemáticos, pedidos por cargos de narcotráfico, cuando ya habían rendido versión libre, revelado lugares y fechas de las matanzas perpetradas, volviéndose visibles para las víctimas, los investigadores y la justicia.
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Moreno Ocampo: Colombia se parece al Congo, mas no lo es.
RN.- ¿Cuál es el balance positivo y negativo de su visita a Colombia?
L. Moreno Ocampo.- Estamos en Colombia para cumplir una parte de nuestra tarea, que es analizar la información sobre procedimientos nacionales en casos que pueden ser de mi jurisdicción. En Colombia hay un nivel de homicidios muy alto, similar al del Congo, donde, entre el 2002 y el 2004, el número de muertos, 5000, fue similar. La diferencia fundamental es que en Colombia las instituciones funcionan, su policía investiga, hay jueces y fiscales. Mi deber es recibir información sobre esos procedimientos, y estoy muy agradecido porque he estado con la Corte Suprema, con los jueces y fiscales, y he recibido esa información.
RN.- ¿Qué espíritu encuentra en el país en torno a la aplicación de la Ley de justicia y paz?
LMO.- Nos reunimos con los jueces y fiscales que trabajan en ese tema y que tienen el compromiso enorme de ver cómo manejar situaciones complejas. Ellos tienen que proveer la verdad para las víctimas de miles de homicidios y, al mismo tiempo, avanzar en procesos judiciales respetuosos de la Ley. Eso es complicado, pero, ya están discutiendo cómo hacerlo.
RN.- ¿Considera que hay infraestructura suficiente para abordar investigaciones de la envergadura que implica la secuela que ha dejado la etapa paramilitar?
LMO.- Nunca a un poder judicial le es fácil investigar crímenes masivos, siempre es selectivo, siempre es complicado. Me parece que el problema es cómo el poder judicial puede manejar investigaciones masivas, cómo balancear el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho de los acusados a decisiones en tiempo razonable y el derecho de la sociedad colombiana a saber con claridad y certeza quiénes son los verdaderos responsables. Eso es lo que tienen que manejar, y creo que lo tienen muy claro.
RN.- Usted ha dicho que las víctimas pueden tener garantía que los crímenes que los han lesionado no quedarán impunes.
LMO.- Así es. El sistema de Roma garantiza que no va haber impunidad para los principales responsables de los peores crímenes, y eso es lo que estamos haciendo acá.
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Fiscal Iguarán: Estamos advertidos
Radio Nederland.- ¿Cuál es el espíritu que queda en el país tras al visita del Fiscal de la CPI, Moreno Ocampo?
Mario Iguarán- Seguir. Animarnos aún más a continuar con la aplicación de este instrumento jurídico apto para los colombianos. Más que la presencia del Fiscal de fiscales, su participación activa es un voto de confianza a lo que estamos haciendo fiscales, autoridades judiciales y el Estado, para sacar adelante le proceso de Justicia y Paz, que se caracteriza por su universalidad. Él sabe que se aplica no sólo a las autodefensas, sino también a todos los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que estén dispuestos a reparar a sus víctimas, a decir toda la verdad y a cumplir con esos mínimos de justicia.
RN.- ¿Usted espera que no será necesario que la CPI intervenga por impunidad para los crímenes de lesa humanidad en el país?
MI.- Comprendemos perfectamente que si faltamos a ese compromiso, si generamos impunidad, la Corte Penal, en todo su derecho, va a intervenir. Hoy hemos estudiado la posibilidad de presentar imputaciones parciales ante los jueces, sin conocer la confesión total. A este respecto, la misma doctrina y el mismo Fiscal de fiscales nos exhortan a que lo procuremos en aras de obtener resultados, porque reina ansiedad, no sólo en las víctimas sino en la comunidad internacional.
RN.- En cuanto a la eventualidad manifestada por el juez Baltasar Garzón de traer de Estados Unidos a algunos de los jefes de las Autodefensas extraditados, ¿ve posibilidades?
MI.- Es un tema que le corresponde al Gobierno. A nosotros, respetuosos del instrumento de la extradición, conocedores de sus bondades, nos corresponde impulsar versiones y declaraciones a través de la asistencia judicial recíproca internacional con Estados Unidos. Estamos muy animados con la disponibilidad de fiscales del departamento de Justicia y autoridades norteamericanas, más cuando algunos de los postulados extraditados han oficiado a la Fiscalía de Colombia su disposición a someterse o atender las versiones de justicia y paz.
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