Enfrentamiento de alto calibre en la cúpula del Estado: el Presidente Álvaro Uribe afirma que la Corte Suprema de Justicia manipula testigos y busca enlodarlo por presuntos vínculos con paramilitares. El magistrado Francisco Ricaurte, presidente de la Corte Suprema de Justicia, denuncia que asesores del mandatario en alianza con paramilitares complotan contra el tribunal.
Los hechos
Hace tres meses, el asesor Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, se reunieron en las oficinas de la sede de Gobierno con el reconocido paramilitar Antonio López, alias Job, miembro de la estructura criminal denominada ‘Oficina de Envigado', posteriormente asesinado, y con el abogado Diego Álvarez, apoderado de Diego Murillo, alias Don Berna, integrante de la desmovilizada cúpula de las Autodefensas, extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 comandantes que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz mediante negociación con el Gobierno.
Según los funcionarios, Álvarez los contactó para entregarles videos grabados clandestinamente a un investigador de la Corte Suprema de Justicia, en los que se evidenciaría el interés de ese tribunal en implicar al Presidente Uribe en el escándalo de la parapolítica. El ingreso de los informantes se registró en cámaras y libros de ingreso, pero el contenido de las conversaciones y las supuestas pruebas no fueron denunciadas ni puestas en conocimiento de la justicia.
La revista Semana, en su edición que entró en circulación el domingo, relata los encuentros y publicas fotogramas de los videos en los que aparece el abogado de Don Berna con Henry Anaya, presunto investigador de la Corte.
Primeras reacciones
A primera hora del lunes, por diversos medios de comunicación, el magistrado Ricaurte habla de ‘complot' de un sector del Gobierno con emisarios de reconocidos paramilitares. Pide a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General investigar a los secretarios Del Castillo y Velásquez.
El presidente de la Corte Suprema se muestra "escandalizado" porque personajes del mundo criminal sean recibidos en el Palacio de Nariño, y porque las supuestas pruebas no se entreguen a fiscales o jueces y, en cambio, se filtren a los medios de comunicación.
Los secretarios Del Castillo y Velásquez, confirman la ocurrencia de las reuniones y dicen que no hicieron las denuncias porque no consideraron "relevantes" las informaciones suministradas.
Henry Anaya, desde mayo Registrador - responsable de cedulación y lo relacionado con procesos de electorales- de la ciudad de Barrancabermeja, declara que se lo quiere utilizar para salpicar al magistrado investigador de la parapolítica Iván Velásquez, uno de los responsables de allegar pruebas contra los legisladores implicados en el escándalo de vínculos con jefes de los grupos armados de ultraderecha. Se anuncia luego una conferencia de prensa del Presidente Uribe para el medio día.
Desde la Casa de Nariño
El Presidente Uribe respalda a sus colaboradores, confirma que fue informado de las reuniones en su momento, y presenta videos de las cámaras de seguridad de la sede de Gobierno para demostrar que el ingreso de los informantes fue autorizado y no clandestino. Dice que no se hicieron públicas las grabaciones ni se denunciaron porque el DAS (Oficina de Inteligencia de la Policía) no ha concluido la transcripción y que "lo único que les parece importante, hasta ahora, es un señor llamado Henry Anaya, que entraba y hacía trámites en la Corte Suprema".
El mandatario califica de "grave" la denuncia del presidente de la Corte Suprema y se reafirma al decir que "no nos vamos a distraer. Sigue la lucha contra la criminalidad. Todo colombiano que tenga una información importante para ayudarnos a derrotar la criminalidad, o sobre manipulación de testigos, aquí la recibimos en la Presidencia".
Insiste en los ataques al magistrado investigador Iván Velásquez, a quien acusó de "emborracharse" y hacer tráfico de testigos, y como para confirmar por qué lo denunció ante la Cámara de Representantes, dice: "Al Presidente han tratado de enlodarlo, y el Presidente tiene derecho a defender su honra".
En la secuencia de señalamientos incluye al senador del opositor Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, quien según informantes de la casa de Gobierno estaba manipulando testigos. Además al periodista Daniel Coronell, director del teleinformativo "Noticias Uno", por guardar durante varios años un video de la ex senadora hoy presa por el delito de cohecho, Yidis Medina, en el que ella declara que recibió favores del Gobierno para cambiar su voto a favor de la reelección presidencial. "¿El periodista tiene derecho a ocultar delitos, con la excusa de la reserva de la fuente?", pregunta el mandatario.
CPI garantiza no impunidad
Al final del día se informa que el Registrador de Barrancabermeja, Henry Anaya, fue destituido. La Fiscalía confirma que abrirá investigaciones por las reuniones en la Casa de Nariño. El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, declara al periodista Yamid Amat que "si aquí no se hacen los procesos, yo lo voy a hacer", y garantiza que no habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y las guerrillas.
Animosidad en los cafetines y en programas radiales de micrófono abierto; las opiniones oscilan entre el escepticismo porque ‘aquí pasa de todo y no pasa nada' y cierto revanchismo entre defensores del Ejecutivo y de las Cortes.
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Etiqueta: Colombia, Corte Suprema, CPI, DAS, Del Castillo, Ocampo, paramilitares, Uribe, Velásquez