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La indefensión de las víctimas colombianas

Luisa Fernanda López

23-07-2008

El extraditado jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso firmó un preacuerdo con la justicia norteamericana a través del cual podría recibir una rebaja de pena. Mancuso es acusado en Colombia de la masacre de centenares de personas.

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Llegada de Salvatore Mancuso a EE.UU. el 13 de mayo de 2008
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Escuche la entrevista a *Gustavo Gallón

El preacuerdo alcanzado por el abogado del capo paramilitar Salvatore Mancuso podría beneficiar a éste, con una rebaja de la pena que se le imponga por los delitos de narcotráfico y lavado de dólares, los principales cargos por los que esta siendo juzgado en los Estados Unidos. Para ello, la justicia de ese país admite la colaboración que Mancuso ha prestado en el proceso de Justicia y Paz que se sigue en Colombia y que cobija los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares.

Sin embargo, para las asociaciones de víctimas y los defensores de los derechos humanos en Colombia, este preacuerdo no es sino un paso más hacia el camino de la impunidad. "No se entiende cómo la fiscalía o la justicia norteamericana va a tener en cuenta esa supuesta colaboración sin que participen las víctimas y se escuche lo que estas tengan que decir al respecto", dice Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Justicia y paz , ¿para quién?
Para los abogados de las víctimas, esta noticia confirma lo que ha significado para el derecho de las víctimas a pedir justicia y reparación, la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares. La firma de este preacuerdo firmado entre Mancuso y los fiscales norteamericanos, en el cual las víctimas no han tenido nada que decir, así lo demuestra.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe, al tomar la decisión de extraditar a los principales responsables de los grupos paramilitares en Colombia, dijo reiteradamente que los procesos por la búsqueda de la verdad y la reparación de los miles de desaparecidos y muertos, no se estancarían. No obstante, el jusrista Gutavo Gallón denuncia la paralización de los procesos de justicia y paz. Las investigaciones no han podido seguir su curso pues se encontraban en la etapa de confesión, de la llamada versión libre. Gallón denuncia que, desde que los sindicados se encuentran en los Estados Unidos, no se ha vuelto a producir ninguna declaración en lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

La extradición de estos líderes paramilitares ha generado todo tipo de suspicacias, debido quizás a que prácticamente nada ha trascendido del contenido de los acuerdos alcanzados entre el gobierno colombiano y la justicia norteamericana. Ante ello, la Comisión Colombiana de Juristas elevó un derecho de petición ante el ministro de Justicia de ese país, para que se dieran a conocer los puntos de dichos acuerdos y para que se informara acerca de las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La respuesta del Gobierno de Colombia fue escueta y poco esclarecedora para las víctimas y sus representantes. En ella, se compulsa copia de los diversos decretos que antecedieron la extradición y se habla de las conversaciones adelantadas con la justicia norteamericana para realizar entrevistas, video conferencias y juicios virtuales. Hasta el momento y pese a que ya se ha alcanzado un importante acuerdo, nada de lo anterior se ha llevado a cabo.

*Gustavo Gallón es Director de la Comisión Colombiana de Juristas.

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Etiqueta: Colombia, Comisión Colombiana de Juristas, Estados Unidos, extradición, Gustavo Gallón, Justicia y Verdad, paramilitares, Salvatore Mancuso

Opinión de los lectores:


hernando luján, 26-07-2008 - España

La justicia colombiana debería de juzgar a sus nacionales y no depender de los Estados Unidos. Es una aberración que ha llevado a la impunidad con las víctimas del paramilitarismo. Ellos solo van a ser juzgados por narcotráfico. De esta manera se desprenden dos cosas: que el gobierno de Uribe defiende a ciertos narcotraficantes y que favorece la impunidad al negarle la reparación a las víctimas, la mayoría humildes sin eco en los medios colombianos.


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