La confrontación del presidente colombiano Álvaro Uribe con el poder judicial, a propósito del escándalo de la ‘Yidispolítica', desembocó anoche en el pedido de Uribe al Congreso para que convoque un referendo "que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", que, dados sus índices de popularidad, podrían significar su segunda reelección.
"Las razones de hecho y de derecho (...) indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder", afirmaron los magistrados en la decisión en la que se condenó a la ex parlamentaria Yidis Medina por el delito de cohecho.
La 'Yidispolítica'
A comienzos de este año, Yidis Medina, mujer de manifiesta astucia que escaló desde oficios varios en el concejo municipal de su natal Barrancabermeja hasta la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, lanzó una potente carga de denuncias y auto-incriminaciones que dieron origen al escándalo de la 'Yidispolítica', que tiene enredado al entorno presidencial.
En los estrados y ante cámaras de televisión, quien ayer fue condenada a 47 meses de prisión -domiciliaria por ser cabeza de familia y madre de tres hijos menores- apareció declarando que negoció su voto a cambio de cargos como notarías y administraciones hospitalarias para personas de su grupo político. Dichas transacciones las habría hecho con ministros y altos cargos de la Presidencia.
Medina recibió "promesas remuneratorias con el fin de hacer acto contrario a su condición de congresista", afirma la sentencia de la Corte.
De hecho, las investigaciones derivadas de sus denuncias para las que aportó pruebas, aunque algunas resultaron controvertidas, condujeron a la captura de otros dos legisladores: Teodolindo Avendaño e Iván Díaz; además, el ex ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, actual embajador en Italia, fue llamado a indagatoria esta semana y se rumorea que también será citado el ministro de Protección Social, Diego Palacio. Por si todo esto fuera poco, en la Comisión de Acusación de la Cámara se desarrolla una investigación contra el presidente Uribe.
A la ofensiva
En lo que podría ser una huída hacia delante, con su habitual estilo de ponerse a la ofensiva y el respaldo de la popularidad en las encuestas, el presidente Uribe pide ahora que el Congreso tramite "con la mayor celeridad" la convocatoria de referendo que presentará, saliéndole al paso al resultado de la investigación pedida por la Corte Suprema a la Corte Constitucional y a la Procuraduría sobre las implicaciones de los vicios que rodearon el acto legislativo.
Hace una semanas, cuando el escándalo estaba en alza, Uribe se pronunció oficialmente y a través de comunicados de la Casa de Gobierno sobre lo que llamó "chantajes" de Medina a su hijo Tomás, mediante llamadas telefónicas que, sin embargo, se habían mantenido en reserva hasta entonces.
Anoche, en su alocución, el mandatario dijo que la Corte Suprema aplica "justicia selectiva", con lo que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso, y afirmó que fueron las decisiones anunciadas por su Sala Penal las que lo obligaron a pedir la convocatoria al referendo.
Vientos dictatoriales
Ahora, ante la propuesta, no parece casual que de tiempo atrás el Partido de la U, mayoritario de la bancada proclive al gobierno, impulse la recolección de firmas, de las que ya tendría más de millón y medio, para avalar un referendo que le abra paso a un tercer periodo presidencial, con lo que el régimen uribista llegaría hasta el 2014 en una tendencia que ya no sería exclusiva de gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela.
En las primeras reacciones al anuncio presidencial, el senador Héctor Helí Rojas, del Partido Liberal (PL), dijo que es necesario salir a la calle a protestar por este acto que contradice los principios democráticos y evidencia las intenciones "dictatoriales" del presidente Uribe. En tanto, Rafael Pardo, precandidato por el PL a los comicios de 2010, calificó de apresurada la reacción presidencial y lo llamó a respetar los fallos judiciales y no desinstitucionalizar el país.
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