En medio de gran sigilo, bajo la bruma del amanecer, y dejando un sin fin de interrogantes, fueron extraditados hoy a Estados Unidos, en un avión de la Agencia Antidrogas DEA, los 14 capos paramilitares más emblemáticos del acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito en 2003 con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que en su momento condujo a la desmovilización de más de 30.000 hombres.
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Justicia Paz y extradición
Estos hombres de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvieron al mando de un aparato de finanzas aceitado con el tráfico de cocaína y un ejército que asoló de muerte y terror el campo. Además, se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz que contempla penas no mayores de 8 años a cambio de cese de actividades delictivas, y verdad y reparación a las víctimas de crímenes selectivos, masacres, usurpación de tierras y desplazamiento.
Aunque, previamente a su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, se había solicitado la extradición de todos ellos, y la Corte Suprema la había autorizado, era facultad discrecional del Presidente de la República ordenarla. Así se había estipulado en la ley de iniciativa gubernamental, modificada por tramite en la Corte Constitucional que la ajustó a los estándares del Derecho Internacional Humanitario y a la exigencia de verdad plena como prerrequisito para gozar de los beneficios.
Washington - Bogotá
La decisión de la extradición masiva, que se habría adobado de tiempo atrás entre Washington y Bogotá, pero que sólo se decidió en la última semana, fue justificada por el presidente Uribe como una forma de garantizar las premisas de verdad, justicia y reparación y castigar el incumplimiento de los jefes desmovilizados que habrían seguido delinquiendo desde la cárcel y ofreciendo versiones amañadas.
"El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos lo han aceptado, que las riquezas de las personas extraditadas que entreguen por acuerdo con jueces de ese país se asignen al fondo de reparación de las víctimas colombianas (...) Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos," dijo el mandatario colombiano en alocución radiotelevisada al medio día.
Uribe puntualizó que el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona se beneficia o no de la no extradición, y advirtió que con el envío de los 14 jefes paramilitares se sienta un precedente de exigencia en el cumplimiento de los pactos para futuros procesos con las guerrillas.
A éstas las señaló como "maestras" de los paramilitares y, en velada alusión a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, invitó a las víctimas "a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para evitar la extradición".
En la víspera, el embajador estadounidense, William Brownfield, se refirió a la reciente extradición del también jefe paramilitar alias ‘Macaco'‘. En declaraciones concedidas al diario El Espectador, el diplomático se manifestó convencido de que la medida "es buena para ambas sociedades porque, al final de todo, Colombia se libera de una persona que causa daño y Estados Unidos recibe justicia".
Por la extradición de ‘Macaco' el Ejecutivo forcejeó tras un fallo de tutela interpuesto por las víctimas, en el que se determinaba que antes de ser juzgado en Estados Unidos, debían pagar sus penas en Colombia. Finalmente fue revertido por otra instancia, lo que constituyó un triunfo para la tesis gubernamental.
Las víctimas
Para las víctimas la decisión cayó como un balde de agua fría. Una integrante de Las Madres de La Candelaria, organización que agrupa a viudas, madres e hijas de desaparecidos, secuestrados y asesinados de grupos armados y agentes del Estado, se lamentó porque teme que con la extradición de los capos triunfe la impunidad. "Esto es un favor para ellos. De aquí a unos años vienen con nacionalidad estadounidense, con otro nombre y volverán a hacer lo mismo", se lamentó ante una estación de radio.
En versiones libres ante fiscales, muchos de los jefes hoy extraditados habían entregado pistas que condujeron al hallazgo de 1.300 cadáveres, y señas sobre otros 4.000. Así mismo, desvelaron los nexos entre sus organizaciones criminales y jefes políticos regionales, nervio del escándalo de la parapolítica, que ya tiene vinculados a más de 60 legisladores, en su mayoría de la bancada proclive al Gobierno.
Precisamente uno de sus miembros, el senador Armando Benedetti, adelantó hace dos semanas un debate que puso en evidencia la lentitud en los juicios, la casi nula entrega de bienes para resarcir a las víctimas. Al mismo tiempo, cuestionó la ineficiencia de los organismos del Estado al punto de que "se están abriendo las puerta a la Corte Penal Internacional".
Se marchan los testigos
"Se van los testigos de la parapolítica con quienes los políticos hicieron los acuerdos", declaró hoy el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, quien, en su momento, como senador por el Partido Liberal, se opuso al espíritu de la ley presentada por el Gobierno para enmarcar la negociación con los paramilitares. "Me parece un reconocimiento contundente del fracaso de la ley de Justicia y Paz y del proceso paramilitar", agregó. A su juicio, los acuerdos dejaron intacto el aparato criminal de las organizaciones cuyos jefes hoy fueron puestos en manos de la justicia estadounidense.
La entrega de los señores de la guerra paramilitar colombiana a los tribunales estadounidenses suscita preguntas tales como si el fracaso de los acuerdos de Ralito es equivalente al que se le endilga al ex presidente Andrés Pastrana (1998/2000) por los fallidos acuerdos de San Vicente del Caguán, con la guerrilla de las FARC.
El ex magistrado José Gregorio Hernández lanzó ésa y otras preguntas. ¿Por qué prefirió el Gobierno la extradición a la justicia colombiana? ¿Hay algún convenio o compromiso del cual no estamos enterados? Si estaban delinquiendo y si ésa es la razón, ¿desde cuando venía ocurriendo, o sólo lo supo el Gobierno hoy?
"Yo solo aspiro, al igual que la Corte Suprema, a que se cumplan los objetivos de Justicia y Paz aquí o en los Estados Unidos" precisó el presidente de ese tribunal, Francisco Ricaurte.
El cambio desde los tiempos en que Pablo Escobar y sus sicarios libraron en la década de 1980 una cruenta guerra contra la extradición, bajo el lema "preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos", se hace evidente con los jugosos contratos que los capos hoy extraditados tienen con despachos de abogados estadounidenses encargados de su defensa y de negociaciones para reducir las penas.
* El entrevistado, Reed Brody, está vinculado a la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch
Etiqueta: capos, Colombia, Estados Unidos, extradición, Mancuso, narcotraficantes, paramilitares, Álvaro Uribe