Pese a que existen reticencias jurídicas sobre el buen desenlace que pueda tener la demanda de Colombia ante la Corte Penal Internacional, CPI, de La Haya, anunciada por el Presidente, Álvaro Uribe, contra su homólogo venezolano, Hugo Chávez, al que acusa de ‘auspicio a organizaciones genocidas', sondeos de opinión nacional se inclinan a favor de la iniciativa. Simultáneamente Uribe acapara el 80% del apoyo ciudadano.
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Estos índices de popularidad interna de Uribe no caminan a la par con el resultado del primer ‘round' diplomático, de su gobierno, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA.
La institución regional fue convocada urgentemente para analizar la crisis desatada por el ingreso de tropas colombianas a territorio ecuatoriano, el primero de marzo pasado, en un operativo que culminó con la muerte del portavoz de las FARC, Raúl Reyes.
En Washington la primera ronda de la reunión solicitada por Ecuador concluyó con el rechazo mayoritario de los 34 miembros a la incursión militar de Colombia. Esa decisión fue acompañada de una condena generalizada a las FARC; Estados Unidos apoyó decididamente la posición colombiana; Canadá y Bahamas se declararon neutrales.
El organismo continental creó una comisión investigadora, presidida por el mismo Secretario General José Miguel Insulza, que tiene la misión de verificar el alcance de la incursión que, según Ecuador, supuso la incursión extraterritorial de por lo menos 10 kilómetros al interior de su territorio amazónico. El gobierno de Quito asegura también que no se trató de una ‘persecución en caliente'. La Casa de Nariño estima que esa violación de territorio ecuatoriano no superó los 1.800 metros y habría sido una acción de legítima defensa.
Debates y consultas
En Bogotá, concurrieron a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, instancia consultiva del Ejecutivo, concurrieron los expulsados embajadores de Colombia en Venezuela y Ecuador, Fernando Marín, y Carlos Holguín respectivamente; el comandante del Ejército, general Mario Montoya, y el comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera. La Comisión Asesora la integran los ex presidentes César Gaviria (1990/94), Ernesto Samper (1994/98), Andrés Pastrana (1998/02) y Belisario Betancourt (1984/88), algunos ex cancilleres y personalidades representativas de los partidos Liberal y Conservador.
En el Senado, en Bogotá, la crisis fronteriza fue tema central de la sesión plenaria en la que se expresó mayoritariamente, aunque con matices, apoyo a la posición del Gobierno.
El senador Germán Vargas, del oficialista partido Cambio Radical, destacó el poderío armamentista de Venezuela y dijo que la actual situación compromete "aspectos limítrofes territoriales" ya que el gobierno de Caracas posee "aviones de superioridad aérea que viajan 23 veces a la velocidad el sonido y que despegando, desde su base en territorio venezolano, podrían alcanzar la ciudad de Bogotá en 28 minutos".
Con respecto a la demanda en contra del presidente venezolano, hubo voces discrepantes como la del portavoz de la bancada del Partido Liberal, Elí Rojas, quien afirmó que su colectividad "queda en alerta porque el respaldo al gobierno es para que solucione la crisis y no para profundizarla".
El escenario internacional
"Chávez se comporta como el auténtico sucesor de Raúl Reyes y en la práctica, hoy, el canciller de las FARC es el presidente. Chávez que está asumiendo la vocería, que promueve los intereses de la organización armada ante el mundo, e invita a su reconocimiento de beligerante", aseveró el Catedrático de la Universidad del Rosario de Bogotá, Vicente Torrijos, al programa de televisión La Noche. Según Torrijos, habitual comentarista de la emisora Radio Caracol, después del episodio en la OEA, "el más interesante va a ser el pleno del Consejo de Naciones Unidas donde muy seguramente se podrían aplicar sanciones contra aquellos países que están actuando por fuera de la ley internacional apoyando y promoviendo las actividades terroristas".
En cuanto a la demanda ante la CPI contra el mandatario venezolano por complicidad en genocidio se basaría en la información de los computadores de ‘Raúl Reyes', revelada por el Director de la Policía, general Óscar Naranjo. Estas pruebas incluirían mensajes de carácter político que supondrían alianzas, transacciones de armamento, ofertas de pagos en efectivo y en especie, hasta indicios de comercio de uranio.
Sin embargo, a juicio de analistas el caso es de difícil manejo y no es la Corte de La Haya el escenario para manejarlo. Más adecuado sería el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el ex presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, Jimy Chamorro. El internacionalista Rafael Nieto, replicó que el caso más próximo al genocidio sería el exterminio del partido Unión Patriótica, en referencia a la muerte a manos de paramilitares de varios miles de militantes y activistas de la organización que surgió como alianza electoral entre el Partido Comunista y un ala de las FARC. Gente que fue eliminada en medio y tras el proceso de legalización logrado mediante acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancourt (1982/84).
Mario Madrid-Malo, catedrático de derecho internacional y ex asesor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Radio Nederland que la figura de patrocinio y financiación del genocidio no figura como tal en el estatuto de la Corte Penal internacional.
Radio Nederland.- En medio de la crisis de visos regionales se conoce el anuncio del presidente Álvaro Uribe de demandar ante la Corte Penal Internacional al presidente de Venezuela por auspicio de grupos genocidas.
Mario Madrid-Malo.- La figura de patrocinio y financiación del genocidio no figura como tal en el estatuto de la Corte Penal internacional. Pero haciendo un esfuerzo de interpretación podríamos decir que la intención del gobierno colombiano es acusar al presidente Chávez de complicidad con un genocidio. Para que haya cómplices tiene que haber autores materiales, de tal manera que la denuncia o demanda sería incompleta si se limitara a señalar complicidades y no denunciaran la existencia de autorías. Por otra parte, por genocidio entiende el Estatuto de la Corte Penal Internacional una serie de actos de violencia realizados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional racial, étnico, o religioso. Una conducta de esas características no aparece en el catálogo de la violencia colombiana de los últimos años.
RN.- ¿Se podría pensar que hay desinformación del gobierno colombiano sobre el procedimiento a seguir en esta acusación al presidente de Venezuela?
M M-M.- La declaración del Presidente (Uribe) lo que revela, fundamentalmente es una gran falta de familiaridad con los principios, las reglas y los procedimientos del derecho penal internacional y concretamente con los contenidos del Estatuto de Roma.
RN.- El Derecho está en el centro de la crisis de la región andina ¿Cómo se enfrenta la opinión pública a la legitimidad o credibilidad de la palabra de cada uno de los tres mandatarios involucrados?
M M-M.-Más allá de las declaraciones, comunicados y manifiestos, lo que la opinión pública debe someter a examen es si determinadas acciones u omisiones tienen carácter antijurídico, esto es, si con ella se contraría lo que manda, permite o prohíben las leyes del Estado y el ordenamiento internacional.
RN.- Colombia ha señalado que en la intervención en territorio ecuatoriano, estaba actuando en legítima defensa.
M M-M.- Desde el caso del estrecho de Corfú la Corte Internacional de Justicia ha señalado que la irrupción de tropas extranjeras en el territorio de un Estado aunque con ella no se busque afectar la independencia jurídica de ese Estado, y aunque tenga corta duración, es un acto contrario al principio de inviolabilidad de la frontera que se inscribe dentro de la conducta internacionalmente conocida como agresión. También la doctrina internacional considera como agresión indirecta la conducta de estados que toleran el hecho de que es su territorio se organicen actividades de bandas armadas que desde su territorio incursionen en otros países. Son conductas que violan el Artículo 2º. De la Carta de las Naciones Unidas.
RN.- ¿Vistas esas consideraciones a qué estamos enfrentados?
M M-M.- La calificación final de la conducta y la adopción de sanciones, si hay lugar a ello, le corresponde a los órganos de la comunidad internacional y universal: OEA y ONU. Lo que sí debe quedar claro es que ni el conflicto armado ni el desarrollo de una estrategia antiterrorista justifican la violación de las fronteras.
RN. En términos históricos los episodios actuales tienen antecedente?
M M-M.- No recuerdo que haya habido un nivel tal de conflictividad entre esos tres estados que pertenecieron a una república común y que siempre han mantenido unos lazos históricos, culturales y políticos indudables. El conflicto armado colombiano se ha convertido en un foco de perturbación no solo nacional sino regional. Eso reitera la necesidad de que sea superado y dirimido a través de medios pacíficos porque en medio del regocijo que existe por la muerte de ‘Raúl Reyes', a la cual se le atribuye el efecto de ser un golpe de muerte contra las FARC, más allá de esos entusiasmos hay que reconocer después de muchos años de lucha que una victoria militar del Estado colombiano sobre FARC no se vislumbra como próxima. La experiencia histórica demuestra que la guerra de guerrillas es muy difícil de terminar con el triunfo de las fuerzas estatales. Lo hemos visto en Vietnam y en otros países del mundo. Por sus características está destinada a prolongarse en el tiempo y a suscitar espirales de violencia que pueden conducir a la degradación total del conflicto que ya vivimos. Este es uno de los conflictos armados no internacionales más crueles de la historia porque en él la gran víctima ha sido la población civil. Los servidores públicos, los guerrilleros y los paramilitares que toman parte en las hostilidades son victimarios de la población civil. Esta es una guerra en la que si comparamos las estadísticas de los combatientes muertos y de los no combatientes aniquilados nos sobrecogerá ver la alta victimización de hombres, mujeres y niños muertos en circunstancias de indefensión
RN.- Visto el manejo que cada uno de los gobiernos le ha dado a la situación ¿Cuál cree que va a ser el desarrollo en cada caso en cuanto a demandas, acusaciones, señalamientos?
M M-M.- Creo que se hace urgente una mediación de la comunidad internacional. Esta crisis afecta el proceso de liberación de los rehenes por la guerrilla y por razones elementales de humanidad tenemos que darle prioridad a ese problema y a su resolución. Creo que con buenos oficios y mediaciones de ‘amigables componedores' se puede lograr que las cosas vuelvan a un nivel que permitan que los países vecinos cooperen con Colombia en el objetivo de obtener una resolución política y pacífica del conflicto.
* El entrevistado, Heinz Dietrich, es sociólogo y analista político
Etiqueta: Chávez, Colombia, Correa, Ecuador, FARC, incursión militar, Raúl Reyes, secuestros, UrIbe, Venezuela