El presidente colombiano, Álvaro Uribe, pedirá a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, acusar oficialmente al mandatario venezolano, Hugo Chávez. Uribe imputa a su homólogo venezolano apoyar el genocidio en Colombia, pues brinda ayuda financiera a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, responsables de varias masacres en Colombia.
Funcionarios colombianos han asegurado que durante el ataque se encontró un ordenador portátil en el campamento de las FARC. Según la información que consta en el ordenador, Venezuela ha financiado a los rebeldes con 300 millones de dólares, lo cual constituye base para que Colombia responsabilice a Caracas de la violencia perpetrada por las FARC.
La Corte decidirá
Aunque todo el mundo puede presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, la propia Corte decidirá si adelanta investigaciones contra Venezuela. En primer lugar, por tratarse de una instancia de último recurso, la CPI sólo trata casos si el país en cuestión no puede o no está dispuesto a juzgarlos. Ante todo, el fiscal de la CPI determinará si la Corte es competente para tratar estas acusaciones.
En Segundo lugar, el fiscal deberá determinar si el caso cae dentro de la jurisdicción de la CPI, órgano que solamente trata crímenes cometidos después del primero de junio del 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma. Además, Uribe debe demostrar que se produjo genocidio, mientras que, al menos hasta el presente, no hay indicios de que se esté cometiendo un genocidio en Colombia.
Genocidio
La convención de la ONU sobre el genocidio lo define como el "crimen de todos los crímenes", o como "actos específicos realizados con el propósito de aniquilar, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Estos actos incluyen matanzas y otras medidas encaminadas al exterminio, lo cual no ha sido el caso en Colombia. Aunque es innegable que ha perpetrado atrocidades, la guerrilla de las FARC no ataca a ninguno de estos grupos con el objetivo específico de eliminarlos, sino que combate al Gobierno colombiano por discrepancia política.
Retórica de Uribe
Las acusaciones de Uribe son meramente retóricas, y parecen más un intento de internacionalizar la tirantez política reinante con países vecinos. Pese a parecer ante todo un gesto gratuito, al alegar ser víctima de genocidio, podría generarle cierto apoyo internacional.
El equipo de fiscales colombianos encargado de estudiar el caso está integrado por el ex presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre; el penalista Jaime Lombana (abogado del presidente Álvaro Uribe), y los internacionalistas Vicente Torrijos y Rafael Guarín, quienes apoyarán a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
La denuncia tendría base jurídica en el artículo 25 del Estatuto de Roma (base para la creación de la CPI), en el que se establece que dicha Corte juzgará a quien "contribuya de algún modo (y de manera intencional) a la comisión, o su tentativa, de crímenes por un grupo de personas con una finalidad común".
En otras palabras, Bogotá intentará demostrar que el presunto apoyo de Chávez a las FARC habría posibilitado la comisión de crímenes de lesa humanidad. Con tal fin, utilizará como prueba los documentos hallados en el computador de Reyes. Según el ex magistrado Montealegre, se puede trabajar sobre tres tesis: "la posibilidad de financiación de las actividades de las FARC, los indicios de que, desde su territorio, el Gobierno de Venezuela ha permitido a esa organización operaciones contra intereses colombianos, y la presunta prolongada colaboración de Chávez en la planificación y ejecución de estrategias comunes con las FARC".
Etiqueta: Chávez, Colombia, Corte Penal Internacional, CPI, Ecuador, FARC, Rafael Correa, Thijs Bouwknegt, Uribe, Venezuela
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