Una década después de que el Estado colombiano reconociera el desplazamiento de personas como un hecho social y político resultante del conflicto interno y expidió una ley que les reconoce derechos, el número de víctimas supera ampliamente los casi tres millones que contabilizan las cifras oficiales.
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Portada del Informe mundial de ACNUR
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El Gobierno estima entre 2,5 y 3 millones el número de desplazados, y la Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que la población de desplazados equivale al 8 por ciento de los 42 millones de habitantes, según el más reciente censo. En tanto, en el oficial Sistema Único de Registro (SUR), hasta abril del 2006, se contabilizaban 1,7 millones y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) calcula que, a octubre de 2005, las víctimas sumaban 3,6 millones, y anualmente el número de refugiados internos aumentaría en 200 mil. Además, para evitar ser estigmatizados y perseguidos por sus victimarios, muchos de ellos no se registran en el citado SUR.
Rostros mestizos, manos curtidas de labrar la tierra, voces con giros y entonaciones que evocan cantos de vaquería y arrullos de ancestro africano, son rasgos que pertenecen a los desplazados, cuya presencia ha alterado la fisonomía de Bogotá y otras capitales departamentales. En dichas urbes, en ocasiones son acogidos por los habitantes raizales, pero casi siempre son marginados en la disputa diaria por la supervivencia.
Los desplazados provienen de todos los puntos de la geografía nacional: las sabanas y selvas húmedas de los litorales Atlántico y Pacífico; las llanuras y selvas de la orinoquia y la amazonía, y de las montañas y valles andinos. Ninguna región se ha librado de la devastadora acción de los grupos armados que, en su disputa por el control territorial, han cobrado miles y miles de vidas de campesinos en horrendos episodios de masacres y asesinatos selectivos.
Se estima que los jefes paramilitares, desmovilizados mediante acuerdo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, serían responsables de unos 30.000 crímenes. Además, fiscales adscritos a las investigaciones calculan que en unas 5.000 las fosas comunes en las que los jefes, que actualmente rinden versión libre ante la justicia, ordenaron enterrar a sus victimas, cuya exhumación apenas ha comenzado.
Mayoría de refugiados en la capital
Cada día llegan a Bogotá en busca de refugio un promedio de 15 familias, expulsadas violentamente de sus tierras de habitación y labranza. La capital concentra el 13,3% del total de desplazados y, junto con Medellín, alberga el mayor número de personas en esa situación. A la vez, estas ciudades son las que ofrecen más planes de inclusión social en materia de seguridad social y cupos escolares. En otras ciudades intermedias como, Villavicencio, Montería y Cartagena, la miseria es el horizonte de los nuevos citadinos.
La Ley 387 de 1997 definió como desplazada a "toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque sus vida, integridad física, seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas".
Como causas de desplazamiento, la norma señaló disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o circunstancias generadas por el conflicto interno. Así mismo, estableció responsabilidades en cuanto a la prevención, atención y protección a los desplazados en todos los niveles del Estado, desde el nacional hasta el municipal.
Por estos días, durante un congreso dedicado a una década de política pública para la población desplazada, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Acción Social de la Presidencia de la República, se hace un balance sobre la aplicación de la normatividad y sus efectos en la resolución del problema que, a juzgar por testimonios de las víctimas, se agrava a diario.
Vida, tierra y dignidad
La noche pasada se inició una jornada de vigilia en la Plaza de Bolívar, pleno corazón capitalino, frente a la sede del Congreso, el Palacio de Justicia, la Catedral y la Alcaldía Mayor. Según Rigoberto Jiménez, integrante de la Coordinación Nacional de Desplazados, y promotor de la campaña 'Vida, Tierra y Dignidad', el encuentro tiene como objetivo denunciar que "en el país hay tres millones 800 mil desplazados, y que el Gobierno Nacional no cumple sus obligaciones", a pesar de que sentencias de la Corte Constitucional lo conminan a hacerlo. Jiménez, a quien hace una década el asedio de grupos armados lo obligó a abandonar su trabajo como operario bananero en el norte del país, afirma que "en las regiones la gente sigue aguantando hambre y está inconforme porque no recibe atención sanitaria ni educacional, ni cuenta con ayuda". El dirigente considera necesarios una solución política y un acuerdo humanitario para que la población rural pueda retornar al campo. "Exigimos al Gobierno retorno con garantías, dignidad y paz, para que no se repitan los desplazamientos forzados". También lamenta que el Gobierno no actúe en consecuencia con la tipificación de delito de lesa humanidad para el desplazamiento, y de que conceda prioridad a los victimarios, amparados éstos por la Ley de Justicia y Paz, en virtud de la desmovilización acordada hace tres años. El Gobierno, denuncia Rigoberto Jiménez, "le da prioridad a los victimarios, y, a nosotros, las víctimas, no nos presta la atención necesaria para que vivamos dignamente".
Radio Nederland.- ¿Qué reparos tienen las organizaciones de desplazados frente a la Ley de Justicia y Paz que ampara jurídicamente a los paramilitares desmovilizados?
Rigoberto Jiménez.- La Ley de Justicia y Paz está hecha para los grupos paramilitares desmovilizados, es decir, los victimarios.
RN.- ¿Cree usted que esa Ley les garantiza algo de justicia y reparación?
RJ.- No, de ninguna manera. En este país no hay verdad ni justicia mientras se aplique esa Ley. Exigimos verdad, justicia y reparación verdadera reales, no como la plantea esa Ley.
RN.- ¿Qué esperan que ocurra en estos días de conmemoración de la Ley que reconoce el desplazamiento en Colombia?
RJ.- La ley tiene cosas muy buenas que benefician a esta población, pero no nos han cumplido plenamente. Por lo tanto, los que estamos organizados decimos que no vamos a celebrar, sino que saldremos a la calle en todo el país para manifestar nuestra inconformidad con el incumplimiento. Presentaremos un proyecto de ley de iniciativa popular para reformar la norma y hacer que se cumpla en su totalidad.
RN-. ¿Qué originó su desplazamiento?
RJ.- Los grupos paramilitares, con la protección del general Rito Alejo del Río, de la brigada militar de Carepa, Antioquia, y todo su grupo paramilitar, me hicieron desplazar a mí y a mucha gente.
RN.- ¿De qué zona es oriundo?
RJ.- Del Urabá antioqueño, zona bananera. Desde allí, hace diez años que venimos en la lucha, organizando a esta población, exigiendo verdad, justicia, reparación y castigo para los que cometieron estos delitos. Exigimos que nos devuelvan nuestras tierras, queremos recuperar nuestros trabajos, nuestro tejido social, todo lo que perdimos en estos diez años.
RN.- Y del retorno, ¿qué anhela usted?
RJ.- Los campos, nuestras tierras que están hoy en manos de los grupos que nos desplazaron, es decir, los paramilitares e incluso la guerrilla. Pero el desplazamiento lo han ocasionado más los paramilitares, quienes hoy ocupan nuestras tierras en el Chocó y en todo el país. Queremos que nos digan dónde están nuestros desaparecidos, los cadáveres de la gente que nos han matado. Pero queremos pero que se haga de verdad, de cara al país, no como hoy lo está planteando el Gobierno nacional.
Tierras fértiles en manos de pocos
Rigoberto Jiménez narra sus propias vivencias, las cuales analistas como Héctor Mondragón, en un estudio para la federación agrícola Fensuagro, define como proceso de "relatifundización". Con este término se hace referencia al resultado de la expansión de grupos paramilitares y del conflicto armado que propiciaron desplazamientos y apoyaron procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos, especuladores y de jefes paramilitares. A esto se sumó, comenta el experto, la apertura económica que desde 1990 aumentó en 700% las importaciones de alimentos y provocó una drástica reducción del área sembrada, especialmente en cereales.
En Colombia, el proceso de concentración de la tierra es uno de los más agudos de la región. Se estima que 48% de las zonas más fértiles es propiedad de un 1,3%, mientras que 67% de los campesinos apenas posee el 5% de suelos cultivables. Por su parte, el experto en asuntos agrícolas Darío Fajardo señala que "en nuestro país la tierra se concentra para controlar a la gente, para expropiarla".
Para concluir las jornadas que empezaron con la vigilia de ayer, autoridades, organismos de cooperación internacional y organizaciones culturales se unieron en la preparación de eventos artísticos que invitan a la reflexión. A la inauguración de la
exposición testimonial ´Lo que hemos dejado atrás´, en el Museo Nacional, se sumará el 27 de julio una puesta en escena en la Plaza de Bolívar de Bogotá de parcelas, cultivos, y situaciones de la vida campesina. Con estas imágenes se evoca en plena urbe lo que la violencia les arrebató.
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