Aunque la Defensoría del Pueblo estima que sólo 20% de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia ha denunciado a sus victimarios, unos 2 mil familiares de muertos en masacres y homicidios selectivos señalan a Salvatore Mancuso, quien es el primero en rendir versión libre por sus crímenes.
Con un tono más de discurso que de confesión, Mancuso pidió perdón y dijo que "cada bala que disparamos llevaba una esperanza de cambio para el país". Con sus palabras concedía un matiz político a su prontuario de señor de la guerra, en consonancia con la manifestación que el fin de semana habían hecho ganaderos de la región de Caucasia, quienes se pronunciaron masivamente sobre su apoyo político y económico a las AUC.
Alias 'el Mono', Mancuso llegó esposado, protegido con chaleco antibalas y escoltado por seis policías, hecho que denota el riesgo que corre por las amenazas de muerte en su contra, probable consecuencia de que sus declaraciones destapen la olla podrida de los nexos entre paramilitarismo, narcotráfico, política, empresariado y oficialidad.
Algunas víctimas que acudieron a la audiencia lograron espantar el fantasma que los aterrorizó, pero la mayoría quedó defraudada, pues, pese a dificultades económicas, se trasladaron a Medellín confiando saber el paradero de sus muertos, mas apenas escucharon generalidades. Los presentes observaron por un circuito cerrado de televisión cómo Mancuso leía de una computadora portátil su versión sobre el surgimiento del fenómeno paramilitar en respuesta a la ausencia del Estado en la lucha contra la insurgencia en la región Caribe. "De lo de nosotros, ese señor no ha confesado nada", opinó uno de ellos, mientras que, en la calle, grupos de desmovilizados desfilaban con pancartas y coreaban consignas de apoyo a las AUC y a su ex líder Mancuso.
El inicio de las confesiones de los jefes paramilitares permitirá "cerrar la página del método de combinar todas las formas de lucha", con el que los aparatos armados -primero la guerrilla y luego los paramilitares- involucraron a los civiles en sus propósitos guerreros, dijo el Vicepresidente Francisco Santos, quien recordó, ante corresponsales extranjeros, que en cinco procesos de paz con grupos guerrilleros, que antecedieron al actual con los paramilitares, "no hubo reconciliación" por lo que sólo ahora hay probabilidades "de que finalmente el conflicto se acabe" en Colombia.
En la audiencia de Mancuso se hizo presente el Fiscal General, Mario Iguarán, quien advirtió que no va "a tolerar algo distinto a la verdad y nada más que la verdad". Además, señaló que hay víctimas dispuestas a declarar para confrontar la veracidad de la confesión y, que si faltan a la verdad, deberán responder ante la comunidad internacional, en tácita alusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde cursa un proceso por la masacre de El Aro, y a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Los abogados del jefe paramilitar pidieron aplazar las audiencias hasta el 15 de enero, para allegar respaldo probatorio a las afirmaciones de su defendido. Mancuso alega, por ejemplo, que el mayor del Ejército, Walter Fratini, del Batallón Junín, con sede en Montería, quien murió en 1993 en combate con el desmovilizado maoísta Ejército Popular de Liberación (EPL), suministró armas cortas y largas con salvoconductos a las entonces incipientes autodefensas. Así mismo, denunció que los 'paras' daban información a los militares sobre presuntos auxiliadores de la guerrilla que, seguidamente, aparecían muertos.
En la última semana, además de Mancuso, han comparecido otros mandos medios como John Salazar Sánchez, quien confesó 27 crímenes de lesa humanidad, y Wilson Salazar, quien reconoció el asesinato de una alcaldesa. Se espera que, próximamente, la Fiscalía cite a unos 100 miembros de AUC detenidos en cárceles de Bogotá y Medellín, cifra muy reducida, si se tiene en cuenta que en el 2003, cuando empezó la negociación con el primer Gobierno de Álvaro Uribe, oficialmente esos ejércitos privados contaban 13.000 miembros, mientras que actualmente se contabilizan 31.000 desmovilizados. Así mismo, según cifras gubernamentales, el número de víctimas mortales causadas por las AUC asciende a 9.000.
¿Confesarán plenamente sus crímenes los jefes paramilitares? ¿Hasta dónde las confesiones voluntarias de los señores de la guerra salpicarán a personajes del establecimiento? ¿Se mantendrán los pactos entre el Gobierno y la cúpula paramilitar? Tales son los interrogantes que rondan el inicio de las confesiones voluntarias, tras la crisis de comienzo de diciembre, cuando los 59 detenidos en un centro vacacional adaptado como reclusorio fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad de Itaguí, en prevención de una fuga masiva y so pretexto de que estarían ordenando el asesinato de sus propios lugartenientes.
Por lo pronto, el vicepresidente Santos reafirmó los compromisos contra quienes se adelantan procesos por narcotráfico en Estados Unidos, y garantizó que "si le cumplen al proceso de paz, no serán extraditados".
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