Jueces, médicos, clérigos y feministas están de nuevo enfrentados en relación con el aborto practicado en un hospital público de Bogotá, capital colombiana, a una niña de 11 años. La menor quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual a que su padrastro la sometió durante cuatro años.
El caso, ampliamente ventilado en los medios de comunicación por tratarse del primer aborto legal practicado en el país, encendió los ánimos, al igual que a mediados de mayo, tras que la Corte Constitucional despenalizara parcialmente la interrupción del embarazo. Aquel fallo respondió a una demanda interpuesta a fines de 2005 por la abogada Mónica Roa, directora de proyectos de la ONG Women´s Link Worldwide, en Colombia.
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Alfonso López Trujillo, Prefecto para la familia de Colombia
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Sin embargo, la práctica terapéutica se dilató por semanas en tanto se sucedían especulaciones sobre la validez de la Ley en cuestión previamente a la publicación del texto completo del fallo y a su reglamentación por el Ministerio de Protección Social. Entre tanto, se sumaban amenazantes pronunciamientos de la jerarquía católica, y a las puertas del hospital se congregaban manifestantes de organizaciones "pro vida" para pedir que la niña tuviera el hijo y lo cediera en adopción.
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Norma Henríquez, del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM.
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El Prefecto para la familia, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, tildó de "red de malhechores" a quienes practicaron el aborto, llamó a médicos y jueces a invocar la objeción de conciencia y sentenció a la excomunión a quienes fallen a su favor o lo practiquen. "Se trata de una Ley que no obliga y que es inicua. El aborto es un crimen abominable, pues el embrión no es una cosa, un amasijo celular ni un mero tumor, sino un ser humano en estado de suma indefensión", dijo desde Roma López Trujillo a la cadena colombiana de radio RCN.
Catherine Romero, abogada de la familia de la niña se declaró sorprendida por esas declaraciones, y señaló que "la Iglesia no es autoridad competente" para vetar una Ley, pues la Constitución Política, promulgada en 1991, establece que Colombia es un Estado laico.
En igual sentido se pronunció también Norma Henríquez, de la dirección del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM, quien dijo a Radio Nederland que "la jerarquía católica pone en entredicho la soberanía de los Estados, de ahí que las mujeres reclamemos Estados laicos".
Radio Nederland.- ¿Cuál es la situación tras las fuertes declaraciones del cardenal López Trujillo?
Norma Henríquez.- Es terrible. La Iglesia está en todo su derecho de fijar preceptos morales para sus fieles, pero no puede imponerlos a los demás. Esto hace que nos preguntemos desde cuándo la Iglesia católica nos odia tanto. Lo que decimos entre las feministas es que quien quiera que termine en parto el embarazo de una niña de 11 años, abusada desde los 7 por su padrastro, se está poniendo de parte del agresor. La Iglesia no sanciona a los abusadores, sino a las victimas, y nunca pide que los varones tengan una educación sexual que considere los intereses y necesidades de la mujer, que tengan en cuenta lo que pasa por el cuerpo y por la psiquis de las mujeres.
RN.- El director del hospital en el que se practicó el aborto declaró que los médicos se encuentran entre la espada y la pared: La Ley o la excomunión.
NH.- El Estado tiene la obligación de contratar médicos a quienes no afecten ni lesionen los mandatos del Vaticano. La Constitución establece que éste es un Estado social de Derecho. Además, las mujeres tenemos derecho a tomar determinaciones sobre nuestro cuerpo, fecundidad, fertilidad y sexualidad. En cuanto a los médicos católicos, si bien están en medio de una tensión, pueden ejercer su derecho a declarase en objeción de conciencia. Sin embargo el director del hospital ha manifestado que siente que no cometió ningún un error, falla, ni pecado.
RN.- ¿Cuál es el panorama regional en cuanto a asuntos como embarazo de adolescentes y el aborto?
NH.- Pese a que en algunos estudios consta que se practican hasta 500 mil anualmente, Colombia ha sido de los últimos países en admitir de despenalización parcial del aborto. En algunos de los países del Cono sur las mujeres han luchado por asumir la decisión de interrumpir un embarazo, intervención que se autoriza por condiciones económicas, inestabilidad emocional o por que no responde a los planes de vida de las mujeres. Sin embargo, los Estados se han quedado cortos, aunque empiezan a comprender poco a poco que las mujeres hemos superado la condición de minoridad a la que nos habían relegado social y legalmente.
Distintas fuentes han documentado que, desde 1992, en Colombia se ha venido percibiendo un aumento de los embarazos en adolescentes. Este fenómeno se acentúa en los estratos socioeconómicos más bajos, sin que se note influencia de la cátedra escolar de educación sexual, obligatoria desde 1993, en la prevención y la responsabilidad con respecto a las relaciones de pareja.
La representante de CLADEM opina que no hay una clara conciencia en el país de lo que significa la maternidad adolescente, ni de lo que tienen vivir las niñas en soledad, a veces sufriendo el bloqueo de acceso al estudio y la sanción social de maestros, compañeros y padres de familia. "Las dimensiones reales no se conocen, al igual que la mayoría de los problemas de las mujeres", afirmó.
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