Una encendida discusión se adelanta en Colombia sobre un marco jurídico para legitimar el proceso de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares a la vida civil. En el último año y medio, unos 5.000 combatientes han depuesto las armas.
Tal es el caso de Sergio Caramagna, Jefe de la Misión de la OEA en Colombia, quien no descarta una crisis en la mesa de negociaciones y alerta acerca de la falta de un plan de institucionalización del Estado en los territorios desmovilizados.
En tanto, en el Congreso se debaten ocho proyectos de Ley, incluido uno de origen gubernamental, para, en aras de la pacificación, posibilitar concesiones a paramilitares-narcotraficantes. Tal es la advertencia hecha por los senadores Darío Martínez y Rodrigo Rivera, ambos del Partido Liberal, quienes cuestionaron los artículos 20, 25 y 64 de la Ley de Justicia y Paz propuesta por el Gobierno a consideración del Legislativo.
El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, pidió garantía total de que el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, no tenga ningún compromiso con la contraparte paramilitar en la mesa de negociación. Así mismo, considera necesario excluir la sedición del proyecto de Ley, porque, aclara, ésta constituye levantamiento en armas contra un Gobierno. A su juicio, las autodefensas no se han levantado en armas contra el Estado, sino que justamente se alzaron en armas para defenderlo.
Airado, el Comisionado de Paz negó cualquier arreglo secreto y aseguró que "nunca ha habido un compromiso con las autodefensas, aunque, desde la campaña presidencial, algunos sectores han insinuado que el presidente Uribe los tiene. Lamentablemente se han cometido muchas infamias", afirmó Restrepo en declaraciones al diario El Tiempo, en cuyas páginas Maya lo había interpelado.
Internamente, el pronóstico inmediato más probable es que los ánimos se seguirán caldeando. En cuanto al ambiente externo, la expectativa se centra en el informe que Caramagna presente, el miércoles 16, a la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), único organismo internacional que supervisa el proceso. El organismo panamericano pedirá apoyo al proceso, no tanto de discursos sino de posiciones concretas, pues, la Misión apenas cuenta con 20 colaboradores, entre oficiales locales e internacionales. En conversación con Radio Nederland, el jefe de la Misión de la OEA opinó que vale la pena correr el riesgo con los colombianos, aunque no descarta del todo que el proceso fracase.
Radio Nedeland.- ¿Qué riesgos le ve al proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia?
Sergio Caramagna:- Estamos en medio de un proceso de desmovilización masivo y sin precedentes en el país, pero que tiene riesgos inocultables. Por ejemplo, la imposibilidad de afianzar los pasos que se han dado para que la reinserción sea efectiva, y la distancia que hay entre la desmovilización y la consolidación del Estado en los territorios donde las AUC han entregado las armas. Otro riesgo real es la posibilidad de que los hombres y mujeres desarmados se deslicen hacia grupos de delincuencia común, si no tienen una respuesta más rápida y contundente para poderse reincorporar a la vida civil, si los procesos judiciales son tortuosos, y si la resolución de su estatus en la sociedad se dilata mucho.
RN.- ¿Qué opina de las críticas al proceso?
SC.- En todos los argumentos y críticas hay una parte de verdad y una parte que se oculta. Desmovilizar una estructura militar es un paso significativo, no sólo porque lo digamos nosotros, sino por lo que dicen las comunidades en las zonas afectadas. Hagamos el esfuerzo de escuchar lo que dicen estas comunidades para que el ejercicio no sea el de cocinarse en el propio jugo. Yo creo que hay riesgos, que el proceso no es perfecto, pero rechazo completamente que sea un farsa. La OEA no está comprometida con ninguna farsa, ni con trampas ni arreglos oscuros.
RN.- En concreto, ¿qué han producido las demovilizaciones?
SC.- Hay un sentimiento contradictorio, en parte de zozobra y en parte de esperanza. La gente celebró la demovilización de esas estructuras (los bloques) a pesar de que todo el mundo juzgaba que había cierta simpatía de esa base social. Además, espera con cierta incertidumbre la posibilidad de consolidar otros tipos de administración de justicia.
RN.- ¿Cree que el Comisionado Restrepo cumplirá el itinerario que acordó de completar este año la desmovilización total de los bloques paramilitares?
SC.- Nosotros hacemos el máximo esfuerzo para que eso ocurra. El Comisionado Restrepo tiene un compromiso importante con el proceso de paz y es un hombre de mucha honestidad. Me parece que el año 2005 es decisivo para el proceso con las Autodefensas. Esperamos más apoyo y respaldo a la tarea de la misión.
RN.- ¿Algún país u organización en concreto debería acompañar el proceso?.
SC.- La situación colombiana es un tema que afecta a todos y es tarea de todos. Lo importante es dar el paso entre la firma de una resolución que instala una misión y un apoyo más a fondo, comprometido y de seguimiento.
RN.- El mandato de la OEA contempla la verificación del cese al fuego. ¿Cuál es el balance?
SC.- El cese el fuego absoluto no existe, sólo en términos de una definición conceptual. El cese de hostilidades es un proceso en construcción y, en dos años, se ha ido perfeccionado y mejorando, pese a que hay críticas. Violentar el cese de hostilidades es violentar el proceso de paz, y las Autodefensas son responsables de violaciones graves al cese de hostilidades. Las desmovilizaciones que han ocurrido en 11 bloques completos de las autodefensas, y el despeje de territorios significan, hasta ahora, el cese de hostilidades verdadero y real, porque esas armas entregadas no están lastimando al pueblo colombiano.
Caramagna declaró que, en su informe a la OEA, resalta la necesidad de fortalecer a la Policía en los municipios donde no ha tenido presencia durante muchos años. Así mismo, la de propiciar una reinserción real de las cinco mil personas que ya se han desmovilizado, porque, de lo contrario, "estarían tentados a retomar el camino más fácil: retomar las armas, cobrar un sueldo e integrarse a una organización fuera de la ley". Por último, considera importante la discusión en curso en el Congreso, pues, "fortalece el diálogo y la crítica. Y respecto a los riesgos de impunidad, afirmó que los colombianos deben decidir cuál es la cuota de impunidad que puede soportar el país y el mundo en un proceso con las autodefensas. Al mismo tiempo, expresó su confianza de que dicha cuota sea la menor posible.
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