El Gobierno de Colombia ha formalizado la instalación de la mesa de negociaciones para la paz con los paramilitares en una zona desmilitarizada, en el norte de país. Las deliberaciones, cuyo objetivo es la desmovilización de las milicias de ultraderecha, comenzarán el 1 de julio. Más de veinte líderes paramilitares, que hasta ahora habían permanecido ajenos al diálogo, han decidido participar. Entre los presentes está el nuevo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.
En medio de crecientes inconvenientes y recientes cambios en la cúpula paramilitar, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se enfrenta a un desafío cada vez más complejo. Después de la desaparición de Carlos Castaño y la muerte de Rodrigo Franco, considerados como los jefes paramilitares más moderados, nuevos líderes, con estrechos vínculos con el narcotráfico, están consolidando su poder en el seno de la organización.
Carlos Castaño, hasta mediados de abril el indiscutible líder político de las AUC y el negociador más importante para el Gobierno, ha desaparecido misteriosamente. Ninguna de las dos versiones que circulan está confirmada. Según la primera, proveniente de varias fuentes paramilitares, Castaño fue secuestrado y asesinado dos días después de un ataque en su contra. La revista Semana asegura que el propio jefe de escoltas de Castaño reveló su itinerario de viaje a paramilitares que deseaban darle muerte. Al parecer, Castaño fue asesinado por no haber defendido suficientemente, en el diálogo con el Gobierno, los intereses de los narcotraficantes que integran las filas de las AUC.
En una segunda explicación, revelada algunas semanas después por la agencia de prensa AFP, se dice que, por razones de seguridad, Castaño viajó a Israel como resultado de una intervención de los Estados Unidos. Por su parte, los medios de comunicación colombianos ya habían revelado anteriormente que Castaño estaba en contacto con las autoridades norteamericanas. De todos modos, su lugar en la cúpula paramilitar ha sido ocupado por Salvatore Mancuso, de origen italiano y considerado como uno de los grandes narcotraficantes de los paramilitares colombianos.
Los aproximadamente quince mil paramilitares que, a nivel nacional, integran Autodefensas Unidas de Colombia no forman un grupo homogéneo. En primer lugar, no todos participan en el proceso de paz, pues algunos grupos aislados continúan sus hostilidades no solamente contra la guerrilla sino también contra la población civil. Hasta ahora, permanecen fuera de la negociación el bloque Elmer Cárdenas y algunos bloques en el oriente del país.
Además, existe una gran variedad de líneas ideológicas en el seno de las AUC. Algunos paramilitares mantienen su discurso contrainsurgente con el que se movilizaron para combatir la guerrilla en lugares donde el Ejercito nacional no da acto de presencia. Otros grupos surgieron tras la caída de los grandes cárteles de droga, principalmente el de Medellín, y aún tienen nexos con el narcotráfico. Por último, existen bandas de delincuentes organizados, que, si bien se autodenominan paramilitares, en realidad se dedican exclusivamente a actividades criminales como el tráfico de drogas, robos y extorsiones.
Las demandas de los paramilitares son muy claras: quieren evitar la cárcel y, sobre todo, una posible extradición a Estados Unidos. Además, tampoco desean perder lo que han ganado en sus años como paramilitares, por ejemplo su poder político regional, o las riquezas obtenidas con el narcotráfico. A cambio, ofrecen deponer las armas y erradicar los cultivos ilícitos. Algunos propusieron indemnizaciones para las víctimas y la devolución de tierras a sus dueños.
El proceso de negociación no será fácil. En primer lugar, porque los paramilitares alegan poseer una cierta legitimidad en regiones del país donde el Estado no está presente. Algunas poblaciones con fuerte presencia paramilitar han expresado su preocupación sobre una posible retirada y exigen garantías para su protección, pues opinan que los paramilitares las protegen contra grupos guerrilleros.
Además, persisten las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos por parte de los paramilitares. Muchos consideran inaceptable que no se juzgue a paramilitares que cometieron crímenes contra la población. Así mismo, se ha expresado temor de que los paramilitares se conviertan en grandes terratenientes con el dinero que ganaron con el narcotráfico. Otros temen que los paramilitares acepten desmantelar su estructura militar, pero no abandonen sus redes criminales.
En el plano internacional, Estados Unidos ha expresado acerba crítica, pues considera a las AUC como una organización terrorista, y pide la extradición de varios de sus líderes en relación con el narcotráfico. El embajador norteamericano en Bogotá, William Wood, declaró que ‘la negociación entre Uribe y los paramilitares no parece una transición en camino a la paz sino a favor del narcotráfico'. Cabe descartar que EEUU acepte un acuerdo con los paramilitares que impida una posible extradición.
La Zona de Ubicación en Santa Fe de Ralito, creada explícitamente para llevar al cabo el diálogo, permite al Gobierno demostrar que no es exclusivamente una Administración de mano dura, sino que también tiene interés en una solución pacífica. Sin embargo, existe el riesgo de que la zona se convierta en un lugar en el que los líderes paramilitares están protegidos, mientras la guerra y el narcotráfico continúan.
Rodrigo Franco, el líder paramilitar que fue asesinado en mayo, era uno de los principales críticos del sector ‘narco' dentro de las AUC. A su juicio, tanto la guerrilla como los paramilitares pierden gradualmente su ideología y están penetrados por el narcotráfico. Además, sostenía que entre ambos grupos ya se daban algunas formas de cooperación. En una entrevista publicada en Semana poco antes de su muerte, Franco resumió el gran desafío que tiene el Estado, al preguntarse cómo lograr el desarme de forma pacífica, antes de que se consolide la unión, ya existente, entre las AUC y las guerrillas, en torno al narcotráfico.
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