Al amparo de la guerra a las drogas en Colombia se estaría librando una batalla por el control de la explotación de los yacimientos de petróleo, gas, oro, carbón y otros recursos de los que este país posee importantes reservas.
Francisco Ramírez, presidente del Sindicato de la Empresa Nacional Minera, Sintraminercol, organización que encabeza una campaña internacional para que se investiguen a las compañías multinacionales que operan en Colombia, dijo a Radio Nederland: "No es casual que importantes batallones militares estén situados en epicentros de explotación minera, ni que sean los municipios mineros los que arrojen los más altos índices de asesinatos, masacres y violación a los derechos humanos".
La campaña, apoyada por otros sindicatos y organizaciones no gubernamentales de América y Europa, incluye solicitudes a la Organización de Naciones Unidas, al Congreso de Estados Unidos y a los Parlamentos de Gran Bretaña, España, y Canadá para que formen comisiones que determinen si doce empresas - cuyas casas matrices están en esos países - que explotan recursos en Colombia, tienen responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
Las empresas que se pide investigar son las británicas British Gas, British Petroleum, Angloamerican, B.P Billinton, y Anglogold; las estadounidenses Harken Energy, Oxy, Drumond, Texaco, Scar Air, y Conquistador Mines; y la española Repsol.
"A los fondos de inversión con responsabilidad social les pedimos que retiren el dinero de las compañías comprometidas en la violación de los derechos humanos", dijo el líder sindical a RN.
Ramírez respalda sus aseveraciones con el libro documental "La gran minería en Colombia: las ganancias del exterminio", que entró en circulación esta semana. Allí se señala que como parte del Plan Colombia contra las drogas se pactó la construcción de tres bases antinarcóticos: en el sur del departamento de Bolívar y en la región de Ataco, departamento del Tolima, donde se encuentra uno de los yacimientos de oro más importantes del mundo, y en La Gabarra, departamento de Norte de Santander, donde hay minas de carbón.
Radio Nederland.- Ustedes hablan de que en los últimos ocho años se han reportado más de 600 asesinatos y más de 400 masacres en las zonas mineras. ¿Podría especificar algunas de estas denuncias?.
Francisco Ramírez.- Para ser precisos, 74 por ciento de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia tienen lugar en los municipios que son petroleros o mineros. En estos mismos municipios se origina el 68 por ciento del desplazamiento forzado. Entre 1996 y 2003, que es el período del que se ocupa el estudio, ocurrieron 436 masacres y 6.626 homicidios.
La situación de derechos humanos es sumamente grave. En regiones como Antioquia, el número de homicidios en los municipios mineros es seis veces mayor que en aquellos no mineros. En el departamento de Bolívar, hacia 1996, cuando se aprobó el Código de Minas que sacó de allí a los pequeños mineros y permitió la entrada de una multinacional británica, las violaciones a los derechos humanos aumentaron en un mil por ciento y el desplazamiento forzado aumentó en un 1.500 por ciento.
RN.- Esas cifras contradicen el más reciente informe de la Vicepresidencia de la República sobre la merma en los homicidios en el país.
FR.- Las cifras del Vicepresidente son relativamente ciertas. El ultimo año, en las zonas que donde los paramilitares han consolidado su poder, no necesitan matar tanta gente. El gobierno ha conseguido también un descenso de los homicidios en las zonas mineras, pero las detenciones arbitrarias pasaron de un promedio anual de 135 a 2.300, en el segundo semestre del año pasado.
Las denuncias de Sintraminercol coinciden con los esfuerzos que el gobierno despliega para atraer capital extranjero y reactivar la economía.
Recientemente, el ministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía, señaló: "Nosotros hemos hecho unas modificaciones a las instituciones y a los contratos, específicamente para generar una mayor competitividad del país en la atracción de la inversión al campo energético (...). Por supuesto, el tema de seguridad es muy importante en las decisiones de inversión en Colombia". Por su parte, el Vicepresidente, Francisco Santos, ha afirmado que la política de seguridad democrática está ligada al descenso de homicidios y a la reducción del secuestro.
En los últimos ocho años fueron reportados 324 casos de secuestro de ciudadanos extranjeros, muchos vinculados a empresas multinacionales. La mayoría de casos son atribuidos a la guerrilla.
A pesar de todo, Colombia sigue siendo un país interesante para invertir. El país sudamericano permite que los extranjeros sean propietarios exclusivos en todos los sectores de la economía, excepto en defensa y la eliminación de residuos.
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