El 16 de octubre de 1998 fue arrestado en Londres Augusto Pinochet. El ex dictador chileno se recuperaba de una operación, cuando una petición de extradición llegó desde España por acusaciones de crímenes de lesa humanidad y tortura. Por primera vez en la historia un país accedía a su deber internacional de denunciar y castigar crímenes contra la humanidad, sin importar donde hayan sido cometidos.
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No obstante el desenlace, la captura de Pinochet marcó un precedente en la historia de la justicia universal. Si bien ya se había dado una situación parecida -la del ex dictador boliviano Luis García Meza, quien fue extraditado a su país desde Brasil-, el caso de Pinochet puso de manifiesto la importancia de la jurisdicción universal para el enjuiciamiento de ex jefes de estado.
"En la cámara de los Lores se reconoció que los ex jefes de estado podían ser enjuiciados y que no gozaban de impunidad y eso abrió las puertas para que los países reconocieran que existe toda una normativa internacional" comenta Javier Zúñiga*, abogado experto en justicia internacional.
El abogado allegado a Amnistía Internacional sostiene que hay tratados que muy claramente dicen que los países están obligados a enjuiciar a personas que son sospechosas de cometer crímenes reconocidos en el derecho internacional y están obligados también a extraditarlas, de darse el caso, a los países donde se cometieron los delitos. El caso de Pinochet fue un ejemplo en ese sentido.
Sin embargo, el hecho de que el ex general nunca haya reconocido sus faltas y sobretodo que no haya pedido perdón oficialmente, deja para algunos una sensación de que todos los esfuerzos que se hicieron para juzgarlo y castigarlo fueron en vano. Zúñiga es relativo al respecto: "Eso no quita absolutamente nada. El que una persona acusada no reconozca su culpabilidad, a pesar de todas las pruebas, es muchas veces inevitable. Lo que importa es que las familias y el público general saben lo que cometió".
Se señala el caso del arresto en Londres como un antes y un después, que separa la historia de la impunidad de los tiranos, los que a partir del arresto de Pinochet ya no pueden viajar por el mundo huyendo de la justicia. Para Zúñiga esta es la otra cara de la medalla de la frustración: "efectivamente, yo creo que ya hay muchos ex jefes de Estado sobre los cuales pesan serias acusaciones que no abandonan su país, por miedo a que les pueda pasar lo que a Pinochet" finaliza.
Los políticos
¿Qué sensación se respira entre los chilenos diez años después de la captura de Augusto Pinochet? ¿Qué piensan los políticos diez años después del inicio del proceso al más alto ex mando militar chileno, que hasta el final de sus días no reconoció oficialmente los errores de los que se le inculpaban?
Jorge Arrate era ministro de gobierno y vocero cuando la detención de Pinochet. Sobre algunos pormenores y disyuntivas que se le presentaron en ese momento, el ahora precandidato a la presidencia de Chile por el Partido Socialista conversa con Radio Nederland.
Anna Karina Rosales.- Señor Arrate, diez años después de la detención de Pinochet, ¿se ha reconciliado su país con este pasado relativamente reciente?
Jorge Arrate.- No. Yo no creo que el país se haya reconciliado con la brutalidad de la dictadura ni creo que el país haya encontrado un momento de olvido. Por el contrario, yo he estado no hace mucho en la inauguración de un memorial, que es un lugar muy céntrico en Santiago y que está a pasos del Partido Socialista, que fue una casa de tortura de la DINA. Había mucha gente y se hizo un recuerdo de los más de cien muertos que hubo en esa casa de tortura. Entonces Chile no ha olvidado porque no debe olvidar, porque son inolvidables, porque son inamnistiables, porque son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Todo eso quien mejor lo representa es Augusto Pinochet.
A.K.R.- Señor Arrate Usted era secretario general de gobierno en aquellos días, es decir, el portavoz del gobierno de Chile. Sin embargo, Usted en lugar de hablar guardó silencio. Una actitud muy inusual en un portavoz. ¿Por qué calló?
J.A.- La situación era bastante inusual también. No todos los días ocurre un acontecimiento como el que un ex dictador, acusado de graves responsabilidades en violaciones a los derechos humanos, viaje con un pasaporte diplomático del gobierno chileno a un país extranjero -dicen que a hacer compras y a unos exámenes médicos, no sé a qué más- y que sea detenido allí por una orden de captura internacional. Es una situación bastante inusual. Yo creo que frente a lo que ocurrió el gobierno chileno tenía ciertas responsabilidades que debía cumplir. Esas responsabilidades tenían que ver con lo que se llama la "Inmunidad de jurisdicción para ex jefes de Estado y la inviolabilidad del pasaporte de los diplomáticos". Este señor era senador vitalicio en ese momento por una disposición de su propia Constitución, que nunca pudo eliminarse en las negociaciones de la transición. Yo creo que el gobierno chileno no tenía otra opción que ejercer ciertos derechos judiciales respecto a estos dos puntos y lo hizo así. Lo que a mi me pareció que estaba más allá de sus obligaciones son las gestiones políticas, que se hicieron una vez que el gobierno chileno perdió los recursos. Sin embargo se hicieron gestiones políticas para obtener el retorno del dictador. Yo no estuve nunca de acuerdo con esta posición. Pero me mantuve en una actitud de lealtad, como uno tiene que mantenerla con un gobierno cuando forma parte de él, esperando que el Presidente resolviera designar otro vocero. Pero no quise en ese momento dañar a un Presidente por el que tenía aprecio y a un gobierno que formaba parte mi partido.  |
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J.A.- En aquel momento en las discusiones y diálogos internos del gobierno -que alguna vez podrán estar en mis memorias, si las llego a escribir-, efectivamente optamos porque la vocería la ejerciera el ministro de relaciones exteriores José Miguel Insulza. Yo creo que las diferencias de hoy día probablemente alguien podría emparentarlas con determinadas visiones políticas. Creo que provienen mas bien de la idea de que yo represento una candidatura de ruptura con lo que ha sido el funcionamiento del sistema hasta ahora. Chile ha llegado, después de 18 años de transición y de gobiernos de la Concertación, a ser una democracia imperfecta, incompleta, una democracia básica y mínima, y creo que los chilenos merecemos una democracia más amplia y más inclusiva, más participativa. Y en segundo lugar, es una de las sociedades más desiguales del mundo en términos de distribución del ingreso y la riqueza. Obviamente los que luchamos contra Pinochet, los que votaron en el 88 por el No en el plebiscito, los que apoyaron al presidente Alwyn en la primera elección, y luego han seguido votando por la Concertación, no querían eso. Yo sostengo que la gran mayoría del pueblo concertacionista tiene otra inclinación: hacia el impulso de los cambios que no hemos podido hacer hasta ahora. Y eso es lo que yo represento. Yo propongo una nueva coalición democrática y popular, un nuevo pacto que supere la Concertación, y propongo un programa que incluya todo aquello que no hemos logrado hacer en este tiempo, más algunas cosas nuevas que han surgido naturalmente en el curso de los últimos 20 años.
Javier Zúñiga*, abogado experto en justicia internacional.
Jorge Arrate**, ministro de gobierno y vocero cuando la detención de Pinochet. Ahora es precandidato a la presidencia de Chile por el Partido Socialista.
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