La Corte de Apelaciones chilena aprobó el desafuero de Augusto Pinochet, en cuatro de los cinco delitos citados por el juez Sergio Muñoz. Entre estos presuntos delitos figuran el de evasión de impuestos, uso de pasaportes falsos y violación del embargo establecido por el juez español Baltasar Garzón. La votación había sido suspendida en dos oportunidades por falta de quórum (baja asistencia de jueces). Hay que consignar que Pinochet ya enfrentó peticiones de desafuero por casos de violaciones a los Derechos Humanos: Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, Operación Cóndor, Operación Colombo y el homicidio del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires.
La abogada querellante, Carmen Hertz, dialogó con Radio Nederland a la salida de los tribunales y manifestó que este fallo “es una resolución absolutamente concordante con las evidencias demoledoras que existen en contra de Pinochet, que acreditan todos estos delitos de orden patrimonial, incluida la falsificación de pasaportes y de instrumentos públicos y privados que realizó Pinochet, en esta trama de transacciones financieras con el objeto de esconder bienes”.
En casos anteriores, la defensa del ex dictador recurrió al argumento de su mala salud y consiguió, por ejemplo, que se revocara la encargatoria de reo que pesaba sobre el general en retiro en el proceso conocido como Operación Cóndor. Dado este antecedente, consultamos a la abogada Carmen Hertz si estamos frente a un escenario parecido. La señora Hertz señaló que es esperable que la defensa de Pinochet apele este fallo ante la Corte Suprema, pero que los abogados querellantes tienen la convicción de que será ratificado. No podría ser de otra manera si todo transcurre y discurre por el canal estrictamente jurídico. Para los abogados querellantes y una vez desaforado Pinochet, el paso siguiente es su procesamiento, es decir que sea sometido a juicio.
La investigación relacionada con los bienes y manejos financieros de Pinochet surgió después que el Senado de los Estados Unidos revelara la existencia de millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs de ese país, a nombre de Augusto Pinochet, quien con nombres falsos realizó variadas operaciones para girar dinero. Tan concluyente es esta situación, que el juez Sergio Muñoz acogió una querella por evasión tributaria del servicio de Impuestos Internos chileno (SII) y además un requerimiento de los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, que acusaron a Pinochet de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y falsificación de documentos públicos. Los abogados han pedido también que el juez incluya la asociación ilícita entre los delitos presuntamente cometidos por Pinochet. Trascendió que la defensa del ex dictador, a cargo del abogado Pablo Rodríguez, impugnará la resolución ante la Corte Suprema. Dura tarea, tratar de borrar el cúmulo de antecedentes que complican cada día más la situación del octogenario ex dictador chileno.
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