El Gobierno de Bolivia ha informado que quince personas "confirmadas e identificadas" murieron, otras 37 resultaron heridas y 106 ciudadanos se encuentran desaparecidos. Los hechos han tenido lugar en las inmediaciones de la localidad pandina de Porvenir. Este es el primer balance oficial dado a conocer en La Paz.
El ministro del Interior, Alfredo Rada, aseguró además que las investigaciones preliminares reflejan "una combinación" de nexos de la Prefectura de Pando con el narcotráfico y paramilitares y, la eliminación selectiva de dirigentes.
Rada hizo una detallada relación cronológica de los sucesos del jueves y viernes pasados en Pando, desde el primer enfrentamiento y la captura y detención de quince campesinos en la sede del Comité Cívico, donde fueron golpeados y torturados y más tarde denunciados ante la Policía como agresores.
"El viernes fue denunciada la existencia de heridos y muertos en el monte pero el prefecto Leopoldo Fernández no hizo nada para rescatarlos y eso le inculpa", dijo Rada y agregó que "su participación es inocultable".
El ministro del Interior informó también de que "los sicarios mantuvieron un control sobre la zona las veinte horas siguientes a la matanza". A última hora del viernes pasado, el presidente de Bolivia, Evo Morales dispuso el estado de sitio y el despliegue de unidades militares a Pando.
El Fiscal General, Mario Uribe, ha iniciado de oficio un proceso penal contra el prefecto Leopoldo Fernández y otros por "genocidio expresado en el delito de masacre sangrienta". Para argumentar la causa ha enviado un equipo de 30 expertos -fiscales, forenses, técnicos en balística y laboratorio- a Cobija a fin de comenzar de inmediato las investigaciones y recoger declaraciones de testigos y sobrevivientes.
Fernández, que rechaza las acusaciones, ha dicho que se pone a disposición de la Justicia tras sindicar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de haber negado el ingreso de comisiones humanitarias y de la prensa a la zona para "borrar" -dijo- incriminaciones en su contra.
El gobierno destituyó también al comandante departamental de la Policía por presunto incumplimiento de deberes y haber sido rebasado por la violencia.
Los jefes militares detuvieron a una decena de personas y se incautaron de armas en la ciudad de Cobija. Los detenidos fueron trasladados a La Paz y esperan su confinamiento, de acuerdo a las normas vigentes en estados de excepción, confirmó el ministro Rada. El jefe del Comando de Emergencia de Pando, general Walter Panozo, dijo que deben de ser procesados por la justicia.
En La Paz, -escenario de manifestaciones a favor de los campesinos de Pando y marchas para supuestamente amedrentar a la derecha en la residencial "zona sur"-, se esperaba la reanudación del diálogo entre el vicepresidente Álvaro García Linera y el prefecto de Tarija, Mario Cossio, que ha alcanzado coincidencias para poner en marcha una mesa de negociación durante las dos reuniones anteriores, el viernes y el domingo.
Algunos sectores de los departamentos autonomistas suspendieron las medidas de presión para favorecer este diálogo al cabo de 21 días de protestas, pero el Chaco -en el sur boliviano donde se encuentran los campos petroleros más importantes- decidió mantener el cierre de fronteras y caminos mientras el acuerdo no sea refrendado por el presidente Morales.
Las labores escolares y comerciales se reanudan lentamente en los cinco departamentos autonomistas.
Las actividades en el resto del país tratan de ser normales. Persiste en menor medida el desabastecimiento de carburantes y la subida de precios en artículos de primera necesidad.
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Etiqueta: bloqueo, Bolivia, Evo Morales, Gobierno, La Paz, Pando, Unión de Naciones Sudamericanas, violencia
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