La cuarta y última consulta ciudadana sobre el estatuto autonómico celebrada el domingo en Tarija, con más del 80 por ciento por el sí según cifras preliminares, parece consolidar un proceso irreversible hacia una nueva distribución del poder político en Bolivia sobre la base de las autonomías regionales.
Este resultado es un reflejo del impulso que cobra la autonomía como nueva forma de administrar un Estado, con la participación activa de las regiones, no solamente de estas cuatro sino de otras como Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz que empiezan a considerar al régimen autonómico como una opción de mejores oportunidades para el desarrollo que las que hasta ahora ha dado el centralismo.
El discurso de victoria del prefecto de Tarija, Mario Cossío, mostró la autonomía como la forma de gobierno más democrática y participativa que pueda experimentarse en este nuevo siglo en una nación pobre, retrasada pero con grandes esperanzas de vida mejor.
"Hoy el país seguramente se pregunta: y ahora, ¿que viene? Llegó la hora de mirar el país entero, llegó la hora de hacer de la autonomía el nuevo camino para Bolivia entera. Hoy dimos un paso trascendental, hoy nace la Bolivia autonómica que estamos construyendo día a día, hoy completamos ese ciclo trascendental. Somos cuatro, pero todos sabemos que en el fondo que somos nueve, que los nueve queremos esa patria grande y autonómica por la que seguimos luchando desde ahora".
El apoyo ciudadano expresado en los cuatro referendos ha reforzado la posición de los prefectos y los líderes cívicos para intentar un nuevo diálogo con el Gobierno del presidente, Evo Morales, para dar una salida a la compleja crisis política enredada no solamente por la lucha ideológica y de intereses económicos sino también por desafortunadas e inoportunas declaraciones de todas las partes involucradas.
Los prefectos tienen intención de reforzar la corriente autonomista en el resto del país de modo que, ante la resolución de millones de bolivianos en las urnas, el presidente, Evo Morales, y su gobierno no tengan más camino democrático que el reconocer cuál es la voluntad soberana mayoritaria. Así lo planteó el prefecto Cossío.
"El Gobierno nacional por ello tiene el deber moral y el deber legal de reconocer los estatutos y la victoria de nuestros cuatro pueblos. Si el Gobierno no reconoce los estatutos y nuestra victoria, no podrá ser considerado como un gobierno democrático".
Hasta ahora, la táctica del presidente Morales es llevar a los prefectos autonomistas al referendo revocatorio, para que el soberano decida si se quedan o se van. La esperanza de Morales es que el pueblo diga que se vayan para siempre. Menuda decisión en manos de los bolivianos.
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