La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió la semana pasada una delegación a Bolivia con el objetivo de investigar si existen comunidades indígenas en situación de servidumbre, como afirma el gobierno del presidente Evo Morales.
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La delegación de la CIDH estuvo encabezada por la Comisionada Luz Patricia Mejía en su calidad de Relatora para Bolivia y por el Comisionado Víctor Abramovich en su calidad de Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Servidumbre por deudas y trabajo forzoso
En entrevista concedida a Radio Nederland. Víctor Abramovich señala que, después de la visita, la Comisión ha ratificado la práctica de servidumbre por deuda y trabajo forzoso. Abramovich expica que se dan situaciones de distinto tipo. Por un lado, hay personas que trabajan en haciendas sin cobrar un sueldo, pues están sometidas por un sistema de acumulación de deudas con el patrono. Esto es lo que la CIDH llama servidumbre por deudas,
La otra situación que se da es la de trabajo forzoso, que implica la prestación de un servicio laboral con jornadas extenuantes, sin descanso, y sin que los trabajadores puedan determinar el fin de la relación laboral.
Reacción del Estado
La CIDH reconoce la discriminación histórica que sufren las comunidades indígenas y poblaciones campesinas de Bolivia y pide una implicación más firme del Estado para revertir la situación. "Reconocemos y valoramos muy positivamente algunas iniciativas que ha tomado el Estado boliviano en este tema", dice el comisionado Víctor Abramovich, "observamos una resistencia muy fuerte de los propietarios y de ciertos sectores políticos y económicos vinculados a esos propietarios". Desde la Comisión se pide una implementación más rápida y más efectiva de la reforma agraria que se ha iniciado.
En un comunicado hecho público al terminar la visita, la CIDH condena las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen contra los miembros del pueblo guaraní y la obstaculización de la implementación de las políticas públicas por parte de particulares. Estos hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados.
Cabe preguntarse si el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para imponer las sanciones. Vïctor ABramovich reconoce que es muy difícil avanzar con investigaciones penales en esa zona y, en particular, teniendo en cuenta la actual situación política en Bolivia. Pero aún así, la CIDH llama al Estado a avanzar en su rol de defensa de las comunidades indígenas y propone la creación de mecanismos de protección de testigos, hasta ahora inexistentes.
Elaboración de un informe
Con todas las averiguaciones y recomendaciones recogidas durante estos días, la CIDH redactará un informe que está dirigido al gobierno nacional, al Congreso boliviano, y a las autoridades departamentales y locales involucradas.
Se trata, además, de un informe que va a servir para el trabajo de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Abramovich espera que se cambie la discusión actual, sobre si hay trabajo esclavo o no, y que el debate se oriente a definir qué políticas deberían implementarse para superar esta situación.
*Víctor Abramovich, es comisionado de la CIDH y relator para los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Etiqueta: Bolivia, CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Evo Morales, indígenas