Después de Santa Cruz, le siguen Beni y Pando, las dos regiones rebeldes bolivianas que buscan legitimar sus estatutos autonómicos mediante un referéndum, que se celebrará este domingo. La revisión de la Carta Magna podría ser "una puerta de salida" a la crisis.
El Gobierno del presidente Evo Morales califica esta consulta de ilegal y acusa a sus líderes de perseguir fines secesionistas. En suma, estos cuatro los departamentos, junto a Tarija, que persiguen la descentralización política y económica, suman el 80 % del PBI boliviano.
Lo que tienen en común Beni y Pando, además de esta demanda, es que sus prefectos, Ernesto Suárez, de Beni, y Lopoldo Fernández, de Pando, es que ambos pertenecen a las filas de Podemos, el principal partido opositor, de tendencia conservadora, del Gobierno. Este partido estuvo ausente el miércoles pasado cuando se acordó que el Congreso reviste la polémica Carta Magna que en 2007 chocó contra los intereses de estas regiones.
Santa Cruz dio un portazo el 4 de mayo, con un 85 % de votos a favor de la autonomía en una consulta popular. Después de Pando y Beni, le seguirá Tarija, el 22 de junio.
El presidente Morales, en tanto, decidió convocar para el 10 de agosto a un referendo revocatorio sobre su mandato, el de su vice y el de los prefectos. "El pedido que hago al pueblo boliviano es que nos juzgue y que oriente, mediante su voto, esas diferencias que tienen algunas autoridades departamentales con el gobierno nacional", dijo el mandatario.
Según el analista político, Jorge Lazarte, el reciente anuncio de revisión de la Constitución podría ser "una puerta de salida" para zanjar la crisis boliviana, "si es que a este acuerdo se suman los que deben ser parte del acuerdo, que es la 'media luna' -así se designa a las regiones del oriente boliviano-, los prefectos de los departamentos que constituyen en el país la oposición al Gobierno".
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