"Por eso quiero decirles amables presentes al pueblo boliviano (que estoy) muy contento, porque personalmente no tengo miedo al pueblo; el pueblo que diga su verdad sobre sus autoridades, el pueblo que nos juzgue, esa es otra manera de que el pueblo nos juzgue a autoridades electas por el pueblo boliviano".
La ley del referendo revocatorio fue aprobada el jueves por la mayoría opositora en el Senado, con la disidencia del oficialismo a pesar de que era un proyecto presentado por el mismo Evo Morales en diciembre pasado. Este lunes fue promulgada la ley en la Casa de Gobierno, como un instrumento que complementa el derecho ciudadano a elegir autoridades con el de revocar el mandato cuando el pueblo soberano considere que no satisface su confianza.
Abogados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz coincidieron en advertir de que la sorpresiva aprobación de esta ley, que aumenta el ya complejo panorama político del país, no tiene asidero legal pues como instrumento revocatorio no está contemplado en la actual Constitución.
Los analistas también convergieron en la idea de que se trata de un acuerdo político entre el alicaído Partido Democrático y Social (Podemos) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para frenar el liderazgo regional, de prefectos y dirigentes cívicos, que ha desplazado a los partidos políticos.
Pero, independientemente de ello, lo que importa ahora es saber si este referendo revocatorio que afecta al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a los prefectos de departamento, va a solucionar la crisis política en la que se ha sumido Bolivia.
El presidente del colegio de politólogos de Cochabamba, Luis Meneses, afirma que: "El referendo revocatorio no va a solucionar el problema del país porque estamos atravesando un espacio en el cual existen fisuras de la sociedad civil. Existen dos proyectos de cambio y el hecho del éxito de la revocatoria del mandato es anular simplemente algunos liderazgos y poder revocar el mandato de diferentes autoridades, pero este no es un problema de algunos liderazgos, no es problema de algunas autoridades es un problema estructural del sistema político y de la sociedad boliviana".
Sin embargo, aún no se vislumbra una posible conciliación de las visiones del Gobierno central y de los gobiernos regionales, pese al diálogo convocado por el presidente Morales para el lunes y al que asistieron cinco de los nueve prefectos.
Los gobernadores de la media luna esperan aún ganar fuerza con las consultas populares que el próximo mes de junio se celebrarán en Beni, Pando y Tarija sobre sendos estatutos autonómicos, cuyos resultados darán una proyección más cercana a lo que pueda pasar el 10 de agosto en el referendo revocatorio.
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