La intervención de la OEA, de la Iglesia Católica y de los tres ‘países amigos', Colombia, Brasil y Argentina, en la Crisis de Bolivia, ha conseguido que no se produzcan enfrentamientos, ni hechos de violencia. Otra victoria, ha sido el consenso entre gobierno y oposición para la mediación de estos actores nacionales e internacionales. Sin embargo, hasta el momento no hay logros que celebrar ni avances en el proceso.
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Por un lado está el Gobierno de turno, encabezado por el presidente Evo Morales y su llamada política indigenista, y por el otro, la oposición conformada por las prefecturas de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando (norte), Tarija (sur) y Chuquisaca (sureste), que si bien tienen la intención de contribuir a la solución de la actual crisis política, continúan decididos a realizar sus respectivos referendos autonómicos en mayo y junio.
El oficialismo, que, según los acusadores, intenta imponer una Constitución de corte indígena, ha calificado el llamado a esta consulta popular como ilegal, y, apoyado en la Organización de Estados Americanos, la Iglesia Católica y los denominados ‘países amigos', ha invitado a la oposición a dialogar.
Luego de las primeras reuniones de ambos grupos con los mediadores, las conclusiones han apuntado a que existe intención de solucionar la crisis política, y aunque el oficialismo está "apurado en frenar los referendos autonómicos", la oposición ha indicado que "el diálogo tendrá que ser después del 4 de mayo".
Mientras tanto, han surgido denuncias en contra del Gobierno en torno a la militarización del departamento de Santa Cruz, situación que ha sido rechazada por el mismo presidente Evo Morales. En la misma línea, el Gobierno ha denunciado la presencia de "gente armada" en el sudeste del país, que se oponen a la regularización de la propiedad privada y comunal.
El último comunicado de la Conferencia Episcopal sobre la situación en el País del Altiplano, advierte de "confrontaciones con consecuencias imprevisibles", y de un peligroso empeoramiento de la situación. Además, indica que el "distanciamiento entre las regiones, las clases sociales y etnias, la polarización ideológica, la excesiva primacía del discurso político y la influencia de sectores radicales, obstaculizan el proceso de diálogo".
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