Una de las medidas clave que tomó el presidente boliviano, Carlos Mesa, en los primeros días de 2004, fue suspender las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Chile TLC, que se venían desarrollando desde comienzos de 2003 y estaban ya en su fase final. Junto a la determinación de congelar del TLC, Mesa anunció que Bolivia concentraría sus esfuerzos en la cuestión históricamente pendiente con Chile: su salida al mar. De esta manera, Mesa recuperó el terreno político que había perdido el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo equipo estuvo negociando el TLC con Santiago a espaldas de la oposición encabezada por los líderes indígenas Evo Morales y Felipe Quispe, además sin vincular las relaciones comerciales a la cuestión de la soberanía marítima.
En rigor, las negociaciones del TLC chileno boliviano terminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, dado que el levantamiento popular que lo sacó del Palacio Quemado tenía un claro matiz anti chileno. En lo inmediato por la llamada "guerra del gas", que enfrentaba a un gobierno dispuesto a exportar gas natural a Estados Unidos a través de un puerto chileno, con una oposición popular que sabía perfectamente que las ganancias de esta operación irían a parar a manos privadas, y como telón de fondo de la "guerra del gas", la centenaria exigencia boliviana de una salida soberana al Pacífico.
Lo que faltaba por ver, en octubre de 2003, era qué haría el nuevo mandatario, Carlos Mesa, periodista e historiador de 53 años, sin militancia política pero (hasta hace poco) abierto admirador del neoliberal "Goni" Sánchez de Lozada. Mesa renunció a la vicepresidencia en los últimos días de la revuelta, declarando que no estaba dispuesto a seguir representando a un gobierno que mataba gente en las calles (entre agosto y octubre murieron por lo menos 70 personas) y fue aupado al poder mediante un acuerdo sobre la marcha entre los partidarios del presidente obligado a renunciar y la oposición popular. Para la clase política tradicional, Mesa era un rostro conocido y cerraba el paso, al menos por el momento, a figuras como la de Evo Morales (que casi vence en las urnas a Sánchez de Lozada) o de otras más radicales como Felipe Quispe. Para la oposición, el nuevo mandatario era un Sánchez de Lozada con menos poder, es decir un interlocutor obligado a negociar.
En el frente interno, Carlos Mesa formó un gabinete sin representantes de los partidos políticos, hecho inédito en la historia boliviana, y se abocó al estudio de un plan de reformas económicas, que presentó al país el 31 de enero. Mayores impuestos a las petroleras, austeridad fiscal, aumento de algunos impuestos al patrimonio individual, fueron algunas de las medidas que anunció el presidente. La Central Obrera Boliviana, liderada por un firme opositor al gobierno como es Jaime Solares, reaccionó de inmediato anunciando una huelga general para mediados de mes. La crítica fundamental de la COB es que el plan económico no apunta a la reactivación de la producción, la estabilidad laboral y la generación de puestos de trabajo. Por su parte, el empresariado rechazó el aumento de algunos impuestos y subrayó igualmente la falta de impulso al aparato productivo. Los chóferes del transporte colectivo negociaron con el gobierno hasta el lunes – vinculación del precio interno de los combustibles a las variaciones internacionales del precio del petróleo; rechazo de los chóferes a utilizar gas comprimido nacional en sus motores, en lugar de gasolina o diesel - y ante la falta de acuerdos anunciaron una huelga de 48 horas, que se iniciaría este mismo martes, con el apoyo de la COB, pero rechazada por otros sectores populares como la ciudad El Alto, tradicionalmente opositora al gobierno.
Al distanciarse de los partidos políticos, el gabinete de Carlos Mesa ha quedado expuesto a las críticas y exigencias, justamente, de todos los sectores políticos. La crisis estructural de Bolivia – ver la opinión de María Teresa Zegada en estas mismas páginas – queda así nuevamente al desnudo: el sistema económico sufre de fallos crónicos y la sociedad, con un 70 por ciento de población indígena, está lejos de una tener representación proporcional en el gobierno, lo que se traduce en un distanciamiento permanente entre las organizaciones populares y el Palacio Quemado. Convertido en presidente por un acuerdo circunstancial, Carlos Mesa carece de legitimidad para sostener y llevar adelante reformas económicas o políticas, y la revuelta popular vuelve a rondar la sede presidencial, esta vez sin un vicepresidente Mesa dispuesto a dar la cara por el régimen.
La ofensiva diplomática para reavivar la demanda marítima a Chile no es en absoluto original – la historia boliviana está llena de casos en que un gobierno levanta la bandera del acceso al mar en momentos de crisis interna -, pero sigue siendo una carta fuerte, de Carlos Mesa, para mantener el apoyo ciudadano. Todos los bolivianos querrían recuperar la costa y el territorio nacional perdidos en la Guerra del Pacífico, en 1879. No obstante, se trata de un tema complejo: por una parte concierne a las fronteras entre Bolivia y Chile, pero por otro involucra directamente a Perú, aliado de Bolivia en aquella guerra perdida. Según los tratados existentes, para que se produzca un movimiento de fronteras entre estos países debe haber acuerdo tripartito.
Uno de los últimos intentos de acuerdo tuvo lugar en la segunda mitad de la década del setenta, después del llamado Abrazo de Charaña, en 1975, entre los generales Augusto Pinochet y Hugo Bánzer. Chile ofrecía costa a cambio de un fragmento proporcional de territorio boliviano. A Bánzer le parecía una buena idea pero recibió el rechazo de las cúpulas militares, las negociaciones se estancaron y en 1978 Bolivia rompió unilateralmente las relaciones diplomáticas con Chile, situación que se mantiene hasta hoy. Por su parte, Perú enfrentaba un escenario nada fácil: la salida soberana de Bolivia al mar removería su frontera con Chile, uno de sus socios económicos más importantes en la región. Por lo mismo, cuando fue consultado, Perú dijo que las negociaciones debían incluir el futuro de la ciudad de Arica, la más afectada por los eventuales cambios fronterizos, y que fuera territorio peruano hasta la guerra de 1879.
Esta semana, Bolivia ha designado un embajador especial en el Caribe para explicar su posición en este asunto. Cabe recordar que es en esa región donde Bolivia tiene a sus aliados latinoamericanos más firmes, Hugo Chávez y Fidel Castro. Entretanto, Chile sigue reafirmando que no tiene asuntos de frontera pendientes con Bolivia y que se atiene a los tratados internacionales de 1904 y 1929, que zanjaron las diferencias producidas por la guerra de 1879. Al mismo tiempo, el gobierno chileno ha llamado a licitación para privatizar el puerto de Arica, lo que ha abierto otro foco de tensión con Bolivia. Según el gobierno boliviano, de quedar el puerto ariqueño en manos privadas, el país altiplánico perdería los beneficios de acceso que le corresponden de acuerdo al tratado de 1904. Los días 16 y 17 de este mes, los vicecancilleres de los dos países se reunirán en Santiago para discutir este nuevo escollo en sus relaciones.
Carlos Mesa, para mantener la gobernabilidad de Bolivia, necesita apoyo político y económico internacional, pero por el momento no lo tiene. Su plan de medidas económicas, de claro corte neoliberal, fue hecho a la medida de las exigencias del FMI y del Banco Mundial, pero la escasa aceptación que ha recibido en la sociedad boliviana, así como las movilizaciones anunciadas, no serán bien vistas por los prestamistas transnacionales y el gobierno de Carlos Mesa seguirá sin acceder a esos fondos. En cuanto al tema de la salida al mar, como carta de apoyo popular, puede servirle todavía un tiempo, pero todo indica que Chile no aceptará negociar un cambio de fronteras, menos todavía en este momento, cuando su posición económica y militar es sobradamente mayor que la boliviana.
Bolivia sigue dependiendo, a fin de cuentas, de la capacidad de sus actores sociales para negociar los equilibrios de poder. Carlos Mesa lo sabe y tiene poco tiempo para convencer a sus aliados y opositores del grave momento que enfrenta su país. Si las fuerzas políticas y sociales bolivianas no resuelven su crisis interna de gobernabilidad, no habrá salida para el país altiplánico, ni al mar ni a ningún sitio.
Etiqueta: Bolivia, Chile, Guerra del Pacífico, Salida al mar, Tratado de 1904