Los represores argentinos deberán tomar nota de la orden dictada por la presidencia del país: se acabaron los privilegios de las unidades militares para los condenados por delitos de lesa humanidad.
Es decir, que para muchos altos militares de la dictadura, los pecados cometidos durante los años oscuros, les cuesta una condena moral y un retiro acogedor, nada más.
Pero a la Presidenta Cristina de Kirchner le pareció que ciertas cosas de la historia hay que enderezarlas, y ésta es una de ellas.
A través de la ministra de Defensa, Nilda Garrré, se comunicó la decisión de que el gobierno argentino prohíbe a sus fuerzas armadas alojar en sus unidades a personas procesadas o condenadas penalmente, como se viene haciendo hasta ahora con militares sometidos a la justicia por crímenes de la dictadura de 1976 a 1983.
"Resulta necesario poner límite a esos alojamientos", dice la norma girada por la ministra Garré a los estados mayores del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. La norma también prohibe al personal militar que custodie los traslados de los detenidos y que se encargue de notificaciones judiciales.
"En varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad. Por eso resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tienen competencia, ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos", se lee en la norma.
"Dada la investidura de Cristina de Kirchner creo que efectivamente va a tener algún tipo de repercusión. Más en estos momentos en el que se acaba de dictar una sentencia respecto de Antonio Bussi, uno de los principales actores del genocidio en Argentina, en la cual el Tribunal decidió otorgarle un régimen de prisión domiciliaria", explica a Radio Nederland Carlos Slepoy, abogado y figura emblemática de los procesos abiertos por la justicia argentina contra los militares.
Fue la gota que rebasó el vaso: Antonio Bussi y Luciano Menéndez, condenados recientemente a cadena perpetua por el secuestro y desaparición forzada de un representante provincial, podrán cumplir su "pena" en las llamadas unidades militares de las FF.AA.
"Hablamos de una prisión domiciliaria que él la cumple en un lugar apartado, y con todas las comodidades. Ésta iniciativa de la Presidenta se hace eco del reclamo que se viene haciendo desde distintos sectores de derechos humanos para que se termine esta aberración de darles prisiones privilegiadas a quines son los mayores criminales del país", explica Slepoy.
Hay casos enigmáticos, como lo informa el diario argentino Página 12: "Antes de ser ministro de Seguridad de Mauricio Macri, el entonces juez Guillermo Montenegro ordenó al Ejército trasladar dos veces por semana a Antonio Domingo Bussi desde su casa en un country de Pilar hasta la chacra Victoria, en el kilómetro 79 de la Panamericana, para que "efectúe caminatas". Pese a ser ex liceísta e hijo de un capitán de fragata, Montenegro encomendó la custodia a una desconocida "División Castrense de la República Argentina". Luego el juez santiagueño Angel Jesús Toledo dio el visto bueno al ex gobernador tucumano para "permanecer y/o pernoctar" en la casa de su hija María Fernanda, en Figueroa Alcorta 3590, cada vez que desee ir al médico.
Rodolfo Canicoba Corral le ordenó al Ejército "proveer el medio de transporte y la seguridad del traslado" cada vez que el general de brigada Héctor Gamen y los coroneles Alberto Barda y Pedro Durán Sáenz "requieran visitas médicas". Otras dos veces por semana, autorizado por el juez Daniel Rafecas, Durán Sáenz concurre al psiquiatra del Hospital Militar. Es comprensible que el ex jefe de El Vesubio, acusado de violar a mujeres secuestradas, precise atención psiquiátrica. Lo cuestionable es que deba ser atendido por empleados públicos y trasladado por oficiales en actividad en móviles del Ejército" (Página 12, domingo 31 de Agosto de 2008).
Fuentes judiciales argentinas indican que hay 73 represores que se encuentran en unidades militares. De estos, 35 están detenidos en el Instituto Penal de las fuerzas armadas de Campo de Mayo, una cárcel con cerco perimetral y que goza de condiciones de detención especiales.
Slepoy: "Hasta hace poco tiempo éste régimen de privilegios estaba generalizado. Muchos miembros de la Escuela de Mecánica de la Armada, procesados en estos momentos, o personas que habían sido condenadas, tenían estas prisiones privilegiadas, ya sea cumpliéndolas en sus domicilios o bien en establecimientos militares".
Fue a raíz del asesinato de un prefecto, Hector Febres, que gozaba de éste régimen privilegiado, que se levantó una ola de indignación en Argentina.
El reclamo planteaba que si a Febres se le pudo asesinar, era precisamente porque no tenía un régimen que lo aislara de quienes cometieron ese crimen contra él. Se presume que él iba a dar datos sobre el secuestro de niños, porque Febres fue uno de los principales represores que se dedicó precisamente a sacar niños de la Escuela de Mecánica de la Armada, para luego repartirlos entre familias de militares.
"Causó tanta indignación, que actualmente son pocos los que gozan de éste régimen. Se pensaba que no se iba a volver a repetir esta cuestión. Incluso para que aquellos mayores de 80 años. Pero la sentencia a Bussi le vuelve a otorgar un régimen de privilegio. Es una situación que no termina de estar regulada en el país, los jueces no tienen una actitud unívoca sobre esta cuestión", dice Slepoy.
Si todo es posible en el granero de los américas, es de esperar que la orden vertical de la Presidencia logre remover los diques que aun persisten en los tribunales argentinos: no todo lo que brilla es oro, y la influencia de los militares tampoco puede ser eterna.
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Etiqueta: Argentina, Cristina de Kirchner, crímenes de lesa humanidad, derechos humanos, dictadura, militares, torturas
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