El martes, durante un acto en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviaría al Congreso argentino un proyecto de ley para que el órgano legislativo avale o rechace el nuevo esquema de retenciones móviles para las exportaciones de granos, lanzado a mediados de marzo. "Quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley, más contenido democrático y más institucionalidad aún", argumentó la presidenta. El anuncio se produjo un día después de los cacerolazos que el lunes por la noche, con una intensidad dispar, se hicieron oír en distintas ciudades argentinas, en protesta por el conflicto que mantiene en vilo al país desde hace más de tres meses.
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| Cristina Fernández, presidenta de Argentina |
RETENCIONES AL CONGRESO
Según la decisión del Poder Ejecutivo, el Congreso deberá avalar o rechazar la resolución que establece el nuevo esquema de retenciones móviles. Para dejar en claro su oposición a esta decisión del gobierno, los dirigentes rurales decidieron continuar con la suspensión de la comercialización de granos hasta la medianoche del viernes. Además, durante el próximo fin de semana se reunirán con los legisladores nacionales de todo el país para expresarles su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto sea aprobado tal como está. Y también anunciaron que solicitarán formalmente una audiencia con la presidenta Fernández de Kirchner.
Horas antes del anuncio de los ruralistas, durante un acto organizado por partidarios del gobierno en la histórica Plaza de Mayo, la presidenta Fernández de Kirchner había criticado a los cuatro representantes del campo que encabezan la protesta: "Creía, les juro, que estaba realmente ante la batalla de la distribución del ingreso, la de la lucha de los intereses naturales, como en toda democracia donde hay conflicto social. Pero luego, cuando comenzaron a pasar los días y yo veía que desde un sector de la sociedad, desde una corporación, cuatro personas a las que nadie votó, a las que nadie eligió, se reunían, deliberaban, decidían y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no, me di cuenta de que estaba ante otra situación muy diferente".
En nombre de las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace, el presidente de la Federación Agraria respondió a estas acusaciones y negó que detrás de la protesta se esconda la intención de "desestabilizar al gobierno". "No somos desestabilizadores. No somos golpistas, como se dijo por estos días, aunque no lo haya dicho la Presidenta hoy. No somos desabastecedores. Queremos pedirle a la presidenta de la Nación mayor respeto. Si ha habido agresiones, queremos pedir disculpas. Pero también queremos pedir respeto", manifestó.
NUEVO CAPÍTULO
A última hora del miércoles, el vicepresidente argentino Julio Cobos, quien había pedido que el Congreso participara del debate por las retenciones, dijo que el Poder Ejecutivo ha dado muchas señales y ha sido respetuoso, y sentenció que "ahora es el turno de las entidades rurales". Sin embargo, en el mismo día en que se realizó el acto oficialista en apoyo a la presidenta, la decisión de continuar con la protesta agraria inauguró un nuevo capítulo de un conflicto que, desde hace 100 días, se ha convertido en el principal tema de la agenda de los argentinos.
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