Argentina vuelve a comer, por lo menos así está "garantizado" por los próximos treinta días. El poderoso sector agropecuario ha cedido en sus posiciones y busca un diálogo abierto y sincero con el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner.
El primer pulso social y político contra la presidenta Cristina de Kirchner, está lejos de resolverse. El sorpresivo anuncio del sector agropecuario de dar "oxígeno" al paro de más de veinte días, es simplemente una señal en busca de diálogo. La presidenta así lo pidió, y los campesinos le extienden una oportunidad.
La ecuación de hoy: Campo y gobierno tienen que sanar las heridas abiertas por este costoso paro.
En el fondo: El gobierno de Cristina de Kirchner debe revisar el nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de granos, porque los agricultores lo ven como una "confiscación" de sus ganancias.
Los agricultores dispusieron un "alto" en la protesta para concertar con el Gobierno una "agenda" de soluciones para la producción de granos, lácteos y carnes, pero advirtieron que retomarán la huelga y los piquetes en un mes, si no se logran acuerdos.
Alfredo de Angellis, uno de los líderes del movimiento sindical, dice: " Lo único que ha hecho la presidenta es confundir a este país. Hay un sector de la población que no entiende bien la parte agropecuaria y cree que el gobierno no está dando mucho, cuando en realidad no tiene que darnos nada, lo que tiene que hacer la Presidenta es devolvernos. Ella dice que está haciendo compensaciones (...) pero le ha dado muchísimo a unas pocas empresas, por ejemplo cuatro empresas lácteas y 20 empresas agrícolas se llevaron casi todos los subsidios. Y al pequeño y mediano productor, ese que produce 500 litros de leche o el que tiene 100 vacas, a ese nunca le llega nada".
El Gobierno argentino anunció que compensará a los pequeños productores, quienes en la práctica solo pagarán los impuestos vigentes al 11 de marzo, cuando se anunció el nuevo esquema impositivo.
Esta fue la mecha que incendió el conflicto: aumentar del 35 al 44% las retenciones, el impuesto a las exportaciones, de soja, el 'oro verde' que cubre la mitad de las 30 millones de hectáreas cultivadas en Argentina.
Los tributos representan unos 10.000 millones de dólares anuales, frente a un cálculo global de rendimiento de la cosecha de unos 24.000 millones. El gobierno argumenta que las retenciones son una herramienta para que no se disparen los precios internos frente a los fuertes aumentos del precio mundial de los granos y, además, para incentivar el cultivo de trigo y maíz y la producción de leche y ganado, que quedó relegada.
Los agricultores reiteraron sus dudas sobre estas medidas. Los dirigentes rurales aseguraron que se llegó a un "punto de inflexión", pero que su "lucha continúa hasta la victoria".
Alfredo de Angellis, dice: "Los impuestos son la gota que rebasó el vaso. Hay que hacer una política agrícola-ganadera-lechera, y de economía regional, que es la que estamos reclamando. Nosotros somos un sector postergado, somos un sector subestimado, somos un sector que es olvidado; el que entra en los proyectos de gobierno. Con estos 20 días de protesta han empezado a pensar distinto".
El anuncio de la tregua campesina se produjo en el marco de un acto masivo realizado por agricultores del país en la ciudad de Gualeguaychú, un día después de que organizaciones políticas, sociales y sindicales realizaran una multitudinaria marcha en Buenos Aires en apoyo al gobierno.
En ese acto de apoyo, Fernández de Kirchner vinculó a las organizaciones agrarias con el golpe militar de 1976 y las responsabilizó de "agraviar a los argentinos" con el desabastecimiento de alimentos.
Alfredo de Angelis: " Es una acusación grave. En lo personal y como Federación Agraria, nosotros en esto no nos involucramos, porque venimos de una entidad democrática (...) Yo la democracia la tengo muy clara, sé lo que es. Reconozco cuando es una democracia firme y participativa. Lo que pasa es que cuando esa democracia deja de ser participativa, se parece a lo que no es democracia".
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