Casi 20 años después de que el ex presidente argentino Carlos Menem anunciara la firma de los indultos, la Corte Suprema argentina ha declarado inconstitucional uno de los decretos que benefician a represores de la última dictadura militar.
Con el voto a favor de cuatro de sus siete miembros, la Suprema Corte avala lo dictado por un juez federal en la causa que se sigue contra el ex general Santiago Riveros, quien fuera jefe de Institutos Militares entre septiembre de 1975 y febrero de 1979 y responsable de una zona que abarcaba 10 centros clandestinos de detención.
Decisión esperada
Para muchos juristas, se trató de una decisión previsible. En el 2005, la Corte Suprema había declarado la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, argumentando que, según el derecho internacional, los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir ni estar beneficiados por amnistías o indultos. Esta vez, a lo largo de más de 150 páginas, la Corte justificó su decisión al sostener que "el indulto conlleva de modo inescindible la renuncia a la verdad".
Después de conocerse el fallo, las reacciones en el ámbito político fueron inmediatas. El ex presidente Carlos Menem, que quiere presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones de octubre, dijo que los decretos que firmó hace casi 20 años estaban destinados a "cerrar una etapa de odios y mirar hacia adelante, pensando en la concordia y la reconstrucción nacional". A través de un comunicado, acusó al Gobierno de Néstor Kirchner de desplegar "una política de revisión sesgada del pasado, que no hace más que reavivar odios" y dijo que la actitud del presidente es "más parecida a una venganza que a una actitud ecuánime y ponderada".
Desde el Gobierno, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, celebró la decisión de la Corte y dijo que un país serio es aquel "que no libera a los genocidas con un indulto o con artilugios legales". A través de un comunicado oficial, la ministra de Defensa, Nilda Garré, sostuvo que se trata de "un paso ineludible e indispensable para la remoción de todos los obstáculos que durante años se intentaron poner a la búsqueda de la verdad y de la justicia" en Argentina.
Pero también se escucharon algunas disidencias. El candidato presidencial Ricardo López Murphy sostuvo que "donde hay cosa juzgada, no se puede volver a juzgar". Sin embargo, otros letrados explicaron que el fallo de la Corte deja en claro que, en casos de delitos de lesa humanidad, no se contempla que la obligación de los Estados de individualizar y juzgar a los responsables "cese por el transcurso del tiempo".
Consecuencias
En la actualidad, cerca de 250 militares o ex militares están detenidos por violaciones a los derechos humanos. Muchos gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, por tener más de 70 años. Además de los efectos concretos sobre las causas que se siguen contra los represores, este histórico fallo de la Corte Suprema tiene un importante valor simbólico: le da un nuevo impulso al reclamo de los familiares de los 30.000 desaparecidos que incansablemente, desde hace más de 30 años, siguen buscando justicia.
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